miércoles, junio 23, 2021
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El Juez Barotto sobre la acordada que regula el uso de las TICs

El Juez Sergio Barotto, titular del Comité de Informatización Judicial, se mostró sorprendido ante las especulaciones del SITRAJUR sobre un eventual uso persecutorio de la Acordada que regula el uso de las TICs en el Poder Judicial: “quiero llevar tranquilidad porque hace diez años que existen resguardos de los mails institucionales y jamás se utilizó, ni se utilizará, para una caza de brujas”.
“El backup permite a empleados, funcionarios y magistrados recuperar los correos en caso, por ejemplo, de roturas de equipos informáticos. En muchas ocasiones han solicitado esta restauración de sus propios mails oficiales para no perder información valiosa. Sólo en contadas ocasiones, cuando se instruye un sumario o con orden judicial, se puede solicitar un mail oficial como prueba, y en ese caso el único autorizado a intervenir es el equipo de informática forense”, añadió.
“Nos sorprende la reacción porque la Acordada solo unifica y sistematiza normas y prácticas que vienen ejecutándose hace muchos años en el Poder Judicial. Su unificación permite, ahora, una mayor comodidad, comprensión y acceso”, explicó.
“El Poder Judicial emprendió un camino sin retorno hacia la despapelización. Con la implementación de la firma y las notificaciones electrónicas, la profundización de la oralidad en los procesos judiciales, la implementación del expediente enteramente digital para juicios que lleva a cabo Rentas, las nuevas tecnologías continúan acentuando su importancia para el trabajo diario y por eso es imprescindible su regulación. En este marco, los mails institucionales son herramientas sumamente valiosas, que deben utilizarse adecuadamente exclusivamente para la prestación del servicio de Justicia. Para los usos personales, existen los mails individuales”, explicó Sergio Barotto.
“En cuanto a la regulación de usos del equipamiento informático y las redes de acceso a la web que el Poder Judicial pone a disposición de los agentes, adquiridos con fondos públicos, considero que es indiscutible que el uso de los bienes deben estar destinados exclusivamente a la prestación del servicio de Justicia. Lógicamente, cualquier trámite o actividad del ámbito privado, no puede realizarse utilizando correos institucionales, equipamiento y conexiones públicas”, agregó.
El Juez se refirió, asimismo, a la necesidad técnica de regular el tráfico de información y entretenimiento a través de las computadoras y las redes públicas: “Actualmente hay disponibles 2000 computadoras y más de 1400 mails institucionales, con dominio jusrionegro.gov.ar. Es absolutamente lógico establecer algunas limitaciones para la descarga de archivos e ingreso a páginas recreativas, porque colapsaría cualquier conexión. Solamente una interpretación capciosa podría inferir una acción persecutoria en estas limitaciones. Es imprescindible dejar claro que la inversión pública que se realiza debe tener como único fin la prestación del servicio de justicia”, finalizó el Juez.

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