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#Niunamenos: participación de la jueza Zaratiegui y estadísticas provinciales

La Jueza del STJ, Adriana Zaratiegui, titular de la Oficina de Género del Poder Judicial, participó hoy de la marcha #Niunamenos, en la plaza San Martín de la ciudad de Viedma.
La Oficina de Género del Poder Judicial de Río Negro, cuya coordinadora es Beatriz Mosqueira,comenzó a partir de 2013, con la carga de datos de femicidio y envió los datos de la provincia para la elaboración del primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el año 2015 la Oficina de Género, junto el área de Informatización del Poder Judicial, desarrollaron un sistema propio de carga para que cada organismo penal, mantenga actualizada y on-line la información que permite a las aréas pertinentes la toma de decisiones.
Se parte de la definición de femicidio. “Concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas, entre ellas un componente social que pone el eje en el hecho de que todas las expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construcciones de poder que rigen las relaciones sociales entre hombres y mujeres”.
A partir de esta conceptualización, se trasladó la discusión al ámbito normativo.
A fines de 2012, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 26.791 que introdujo cambios en el Código Penal. Entre ellos, se encuentran la modificación de los incisos 1° y 4° del artículo 80 y la inclusión de los incisos 11° y 12° que imponen la pena de prisión o reclusión perpetua a quien matara “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (inciso 11°) y a quien lo hiciera “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°” (inciso 12°), con lo que se incorporaron las figuras de femicidio y femicidio vinculado.
En agosto de 2008, el CEVI había ya aprobado la “Declaración sobre el Femicidio”. En dicha Declaración, el Comité define el femicidio como:
La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.
A partir de 2014, con el protocolo adoptado por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial de Río Negro realiza un seguimiento oficial de los femicidios.
El relevamiento sigue las pautas fijadas por al Corte Suprema en cuanto a la definición de femicidio y sus características.
Para ello, se elaboró un procedimiento que implica el envío por parte de la Oficina de Género del Poder Judicial de un oficio a cada uno de los Juzgados Penales donde no solo constan datos del delito, sino también condiciones de la víctima (edad, hijos, hijas, menores a cargo) y del imputado (edad, vínculo con la víctima, si hubo denuncias previas por violencia de género).
Todos estos datos permiten, de acuerdo a los parámetros solicitados por la Oficina de la Mujer de la Corte, nutrir las estadísticas más allá de la cantidad de casos, de manera de planificar mejor las acciones preventivas.
Esta estratificación puede verse en http://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2014.pdf
Con estos criterios, las cifras de femicidios en la Provincia de Río Negro, desde que el la Corte dispuso los criterios, muestran la siguiente evolución.
En 2014 se registraron 6 femicidios
En 2015 no se registraron femicidios
En lo que va de 2016 -siempre según informaciones preliminares de las investigaciones- se registraron 3 femicidios.
Recomendaciones
La Oficina de Género , dentro de las competencias propias del Poder Judicial, realizó una serie de recomendaciones, entre ellas:
Procurar que los atenuantes de “emoción violenta” no fueran utilizados para disminuir la responsabilidad de los autores de femicidio;

Garantizar mayor y mejor acceso de las mujeres a la justicia optimizando el sistema de investigación criminal y protección a las mujeres afectadas por violencia, incluso las pericias forenses y el procedimiento judicial para eliminar la impunidad de los agresores así también como sancionar adecuadamente a las/os funcionarias/os que no emplearon la debida diligencia en esos procedimientos.

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