Esta tarde los senadores decidirán si prorrogan o no la ley 26.160, que suspende los desalojos en territorios indígenas. A las 16, los representantes de las cuarenta comunidades originarias que acampan frente al Congreso días brindarán una conferencia de prensa.
Representantes de al menos cuarenta comunidades indígenas de todo el país acampan frente al Congreso a la espera de la sesión de esta tarde, donde los senadores deberán decidir si prorrogan o no la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos en los territorios de los pueblos originarios que están en conflicto. “Te vamos hacer desaparecer como Santiago Maldonado nos dicen en Jujuy, Salta, Tucumán y en todos los lugares donde hay comunidades”, contó Germán David, presidente de la comunidad Guaraní Cerro Colorado de Jujuy que está en el acampe, sobre la situación de persecución y amenaza constante que viven en sus pueblos.
Para el presidente de la comunidad, la situación de los pueblos indígenas sin la protección de la ley se volverá “aún más preocupante” que la actual. “Ya tenemos intimaciones en el territorio. Los terratenientes están al tanto y ya están amenazando con desalojos. Vivimos persecuciones, intentos de homicidio, avasallan nuestros derechos y matan a los animales que tienen las comunidades”, sostuvo David, que llegó ayer desde Jujuy junto a los delegados de otras comunidades del noroeste argentino.
La ley 26.160 ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación legal y dominial de las tierras ocupadas por las comunidades originarias.
Los objetivos de la ley son: impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios; recabar información sobre los diversos aspectos sociales, culturales, bióticos y geográficos que configuran los territorios indígenas, y avanzar en la regularización de las tierras que ocupan las comunidades.
Por ahora, la ley 26.160 es el único instrumento legal que, aunque no resuelve la cuestión de fondo sobre la propiedad comunitaria indígena, intenta avanzar sobre un primer reconocimiento del Estado sobre la ocupación territorial de los pueblos originarios.
