Una justicia más ágil y compositiva a partir de criterios de oportunidad

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La rápida resolución de conflictos es uno de los pilares sobre los que se asienta el nuevo Código Procesal Penal, que pretende llevar a las últimas instancias penales aquellos hechos delictivos de grave trascendencia social, en el marco de un sistema que impone la selección de casos que serán llevados a juicio.

En cambio, en el marco de un nuevo modelo composicional que apunta a la resolución pacífica de casos, una respuesta alternativa para aquellos casos “que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público”, la constituyen los criterios de oportunidad. Estos implican una instancia de conciliación entre víctima e imputado en la que la fiscalía interviene mediando, para que ambos actores puedan llegar a un acuerdo que, de alguna manera, logre el resarcimiento del hecho por parte de su autor y satisfaga a la víctima.

Se encolumna así en los fundamentos de la justicia restaurativa que atiende primero los intereses de la víctima, sus necesidades y expectativas sobre la justicia para después centrarse en el binomio delito-pena.

El Artículo 96 del Código Procesal Penal da cuenta de aquellos casos que son susceptibles de implicar una resolución alternativa. En este sentido, en los últimos días, el Procurador General suscribió una Instrucción General que delimita especialmente aquellos que no podrán admitir este tipo de soluciones: los hechos de violencia de género, los abusos sexuales y aquellos cuyos autores sean funcionarios públicos y el delito haya sido cometido en el ejercicio de tal función, se cuentan entre ellos.

Crespo delimitó como ejes centrales de su función la prohibición de que estas salidas alternativas del conflicto puedan darse en casos que impliquen cualquier tipo de violencia contra la mujer e instó a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal a que, de darse condiciones especiales que impliquen una excepción, deban fundarla exhaustivamente.

Para lograr aplicar este instituto en los casos de violencia de género, deberá ser la víctima la que aluda a ésta como la salida más conveniente y dicha determinación deberá ser debidamente fundada por los funcionarios que “habrán de valorar y formular especiales consideraciones respecto a que la solución adoptada resulta la más adecuada y reparadora”, expresa la Resolución N° 2 del año en curso.

Asimismo, el documento resolutivo suscripto por Crespo agrega que “se deberá tener en cuenta además de la opinión de la víctima, que esto aporte a un mayor bienestar tanto de ella como de su grupo familiar, así como la ponderación que efectúa sobre la libertad y el empoderamiento de la misma al momento de emitir dicha opinión”.

Deberán considerarse dentro de las pautas de valoración, finalmente, “la planificación que el imputado hubiera pergeñado del hecho, la probabilidad de que el mismos vuelva a repetirse o que signifique una amenaza para la seguridad de la víctima y su grupo familiar y la historia pasada y actual que une a víctima y victimario”.

“Dicho informe deberá ser exhaustivo, demostrando que realmente se está adoptando la mejor de la soluciones en función de las necesidades de la víctima y tendrá que constar en la causa acompañado por un formulario de valoración de riesgo que efectúe la Oficina de Atención a la Víctima, cuyas profesionales mantendrán permanente contacto con ellas”.

Criterios de oportunidad en números

Durante el último semestre de 2017, la aplicación de criterios de oportunidad se acrecentó al tiempo que se fortalecía el nuevo sistema acusatorio, permitiendo que causas menores de hurtos, lesiones leves o delitos culposos, entre otros, sean concluidas dando respuestas rápidas y satisfactorias a las víctimas.

En este sentido, la entrega de dinero, alimentos no perecederos o materiales de distintos tipos así como trabajo comunitario gratuito beneficiaba a instituciones no gubernamentales y permitía a quien había infringido la ley penal, resarcir su error a través de un aporte reparatorio.

Sólo algunos ejemplos de la aplicación satisfactoria de este tipo de medidas se encuentran en los más de 21.000 pesos que recibieron respectivamente las cooperadoras de los Hospitales de Choele Choel y Viedma, o los casi 6000 que se entregaron en igual institución de Las Grutas.

Además la Asociación Luz de esperanza para niños con cáncer y la asociación Ninquihué, ambas de General Roca fueron receptoras de más de 70.000 pesos entre ambas y en Bariloche, Nutrir Patagonia también recibió un monto cercano a los 40.000 para la compra de alimentos, electrodomésticos, productos de limpieza y materiales destinados a capacitación y campañas de bien público.