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Cuáles son las medidas que se preparan para frenar la suba del gas

La medida oficial que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra en las tarifas con el objetivo de compensar las pérdidas que sufrieron por la devaluación movilizó a sectores de la sociedad civil y de la política. Varios legisladores impulsan proyectos para frenar esa suba en 24 cuotas y entidades de defensa al consumidor trabajan en amparos judiciales.

La senadora por Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley que contempla en un artículo único derogar la resolución del oficialismo.

La norma cuenta con las firmas del resto de su bancada en la Cámara alta y remarca que la medida del Gobierno llega después que se confirmara un incremento del 35% en la tarifa de gas.

A su entender el Gobierno “traslada la deuda que las distribuidoras tienen con las productoras de gas a los usuarios, ya que las autorizó a cobrar fondos extraordinarios a los fines de compensarlas por la devaluación”.

Los diputados nacionales del FpV-PJ liderados por Agustín Rossi también elaboraron un proyecto de ley para “derogar la escandalosa resolución de la Secretaria de Energía».

Lo informaron a través de un comunicado en el que anticiparon que solicitarán la interpelación del secretario de Energía, Javier Iguacel, para que dé explicaciones sobre esta medida, que a su juicio “una vez más beneficia a las grandes empresas y hace caer todo el peso del ajuste sobre la población”.

“Mauricio Macri devaluó, la inflación pulverizó el salario, y encima el pueblo argentino tiene que compensar a sus amigos empresarios de las distribuidoras de gas. Al presidente, a quien tanto le gustan las metáforas con tormentas, le pedimos que deje de sembrar vientos.

Los bolsillos de los argentinos no resisten más atropellos”, señalaron. Rossi en diálogo con el programa Salvemos Kamchatka, que se emite por FM La Patriada, advirtió que “a partir del lunes vamos a buscar el acompañamiento de todos los bloques opositores para rechazar derogar la resolución”.

Por su parte, el representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, expresó: “Esa resolución es absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional y claramente confiscatoria, porque los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso.

En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”. «El representante de Consumidores Libres, considera que el Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto dicha resolución, porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país y cuyas tarifas deben ser razonables, progresivas, transparentes y proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios”, indicó Polino.

(Fuente www.perfil.com).

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