Pese a haber sido aprobadas por el Congreso y promulgadas por el propio Ejecutivo, el Gobierno frenó su implementación alegando falta de financiamiento específico. Se profundiza el ajuste en áreas sensibles como educación y salud infantil.
En medio del creciente malestar social y del deterioro económico, el presidente Javier Milei volvió a aplicar el freno a políticas públicas esenciales, suspendiendo la aplicación de dos leyes fundamentales: la de Emergencia en Salud Pediátrica y la de Financiamiento Universitario. Las decisiones fueron oficializadas mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial.
Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso, incluso luego de intentos de veto por parte del Ejecutivo, y buscaban reforzar áreas críticas como el sistema universitario público y la atención pediátrica nacional, actualmente en crisis.
Ley 27.795 – Financiamiento Universitario
La norma establecía un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, garantizando:
- Actualización bimestral del presupuesto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
- Recomposición salarial del personal docente y no docente
- Sostenimiento de los gastos de funcionamiento del sistema universitario en todo el país
La ley surgió como respuesta a la grave situación presupuestaria de las casas de altos estudios, que en muchos casos enfrentan dificultades para mantener abiertos los campus, pagar sueldos y sostener programas de investigación.
Ley 27.796 – Emergencia en Pediatría
La segunda norma suspendida declaraba la emergencia sanitaria del sistema pediátrico por un año, con foco en hospitales como el Garrahan, emblema de la atención infantil pública.
Entre sus objetivos principales:
- Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud pediátrica
- Garantizar el funcionamiento de hospitales infantiles
- Reforzar sistemas de residencias médicas pediátricas
- Reasignar recursos para insumos, medicamentos, infraestructura y personal esencial
- Eximir del Impuesto a las Ganancias a quienes realicen actividades críticas como guardias y horas extras
Ambas leyes habían sido impulsadas por legisladores de distintos bloques, con amplio consenso parlamentario, pero ahora quedaron suspendidas por decisión del Ejecutivo nacional, que argumenta que “no cuentan con fuentes de financiamiento específicas”.
Ajuste sin freno
Esta nueva medida se suma a la suspensión previa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, también promulgada pero dejada sin efecto bajo el mismo pretexto: ausencia de financiamiento claro en el articulado.
En lugar de recalcular ante la crisis de su plan económico, el Gobierno acelera el ajuste, apuntando nuevamente contra sectores sensibles: personas con discapacidad, el sistema público de salud infantil y la educación superior.
El escenario vuelve a tensar la relación entre el Gobierno y el Congreso, y podría generar nuevas reacciones por parte de universidades, organizaciones médicas, profesionales de la salud y sectores sociales.
