El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de privatizaciones, buscando aprovechar el impulso reciente para concretar el traspaso de activos estratégicos de transporte y energía a manos privadas.

Con la mira puesta en las próximas semanas, la administración de Javier Milei tiene como primeros pasos concretos en noviembre las licitaciones de rutas y cuatro importantes represas hidroeléctricas, mientras define los detalles para enviar al nuevo Congreso el listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.

El listado de las firmas que pueden pasar a manos privadas, total o parcialmente, en el segundo tramo del mandato de Milei ya empieza a esbozarse en los despachos oficiales. Mientras diseña el siguiente capítulo del retiro estatal de las compañías, el Ejecutivo busca dar señales claras de que el proceso privatizador se pone en marcha y no se detendrá.

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas se ultiman los detalles para revelar qué empresa se quedará con la llamada ruta del Mercosur. Para esta concesión, la primera de la gestión Milei, se presentaron siete ofertas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”. Se espera que la preadjudicación se concrete en las próximas dos semanas.

Además, el viernes 7 se conocerán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, por las que el Gobierno busca recaudar entre US$500 y US$700 millones.

Para el resto de 2025, el Gobierno prevé lanzar la segunda etapa de licitaciones para rutas nacionales que controla Corredores Viales, con más de 4400 kilómetros de extensión. Enarsa, Transener, AYSA, Belgrano Cargas, la Hidrovía y Nucleoeléctrica también están en la lista de proyectos en marcha o próximos a privatizarse.

Si bien la mayoría de las operaciones quedarían para concretarse en 2026, el oficialismo busca dejar sentadas las bases este año para avanzar con su plan de “reducir la participación del Estado en la economía”. En esa línea, figuran también Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, entre otras.