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Fallo histórico a favor del hijo del arquero de Independiente, en un caso clave para la inclusión escolar de niños con autismo

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La Justicia bonaerense dictó una resolución considerada ejemplar en el caso del arquero de Independiente, ex Gimnasia de La Plata, Rodrigo Rey, cuya familia denunció discriminación luego de que el Instituto José Manuel Estrada de City Bell se negara a renovar la matrícula de sus hijos para el ciclo lectivo 2025. El fallo garantiza la continuidad escolar de Benicio —diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)— y de su hermana Renata, y obliga a la institución a capacitar a su equipo docente en discapacidad y autismo.

El conflicto comenzó en octubre de 2024, cuando la familia recibió la notificación del colegio informando la no renovación de la matrícula, invocando el “derecho de admisión”. Los padres consideraron que la decisión respondía tanto a la falta de adecuaciones necesarias para Benicio como a un posteo crítico que Rey había realizado meses antes, denunciando la falta de inclusión y el trato inadecuado que recibió su hijo durante la jornada escolar.

La abogada de la familia, Carla Junqueira, explicó que la resolución judicial establece un precedente fundamental: las escuelas privadas no pueden apelar al “derecho de admisión” para excluir a estudiantes con TEA ni sancionar a las familias por solicitar adaptaciones razonables. La medida también refuerza que la igualdad y la no discriminación deben prevalecer por encima de reglamentos internos institucionales.

El caso tomó relevancia nacional por su impacto en un contexto donde las familias con niños con TEA enfrentan múltiples barreras dentro del sistema educativo. Especialistas señalan que los diagnósticos aumentaron de manera exponencial en las últimas décadas, mientras muchas instituciones aún no cuentan con herramientas adecuadas para garantizar la inclusión.

Con este fallo, la Justicia confirmó el derecho de Benicio y Renata a continuar su desarrollo académico y social en un entorno conocido, al tiempo que exige a la institución educativa adoptar medidas concretas para asegurar un proceso de enseñanza verdaderamente inclusivo.