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El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad

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El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, luego de declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control del nuevo régimen. Además, establece que el sistema deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y las reglas de compatibilidad de ingresos.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política pública en esa cartera. Según los considerandos, esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social.

Asimismo, la norma instruye a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los próximos 30 días. También la faculta a dictar normas aclaratorias y complementarias para la implementación del régimen.

El decreto dispone la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes a la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero de 2026.