El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, que había sido enviado ayer al Congreso de la Nación, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Una de las razones centrales de la decisión fue que el oficialismo incluyó en el dictamen la fijación de la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso alcanzado con los partidos aliados era establecerla en 14 años, tal como había quedado asentado en el texto debatido durante el año pasado.
El Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas una nueva versión del proyecto a la Cámara de Diputados. Desde el Gobierno aclararon que la medida apunta a mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas y evitar un conflicto político innecesario.
El nuevo proyecto será muy similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque con una diferencia clave: en esta oportunidad, el Ejecutivo incluyó de manera explícita la asignación de fondos para garantizar la implementación efectiva de la ley.
En el texto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado sospechas sobre la posibilidad de que la norma terminara siendo letra muerta.
En la nueva redacción, el Gobierno dispone:
- Más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General
- Más de 3.000 millones de pesos para el Ministerio de Justicia
Por otra parte, el proyecto que ingresó inicialmente proponía reducir la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, mientras que el dictamen consensuado anteriormente fijaba la edad mínima punible en 14 años, punto que ahora vuelve a ser el eje del debate.
