El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios. El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general.

El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

“Reglas más claras”, según el oficialismo

La diputada santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, defendió la iniciativa y afirmó que “esta ley va a dejar reglas más claras”.

“Esta ley no les va a reparar nada a las familias que perdieron a sus hijos, pero sí saben que a futuro esta ley va a dejar reglas más claras para que si un joven comete un delito, pueda ser penado”, sostuvo en el recinto.

Además, envió un mensaje a familiares de víctimas de homicidios cometidos por menores: “Quizás como diputados tendríamos que pedir disculpas por haber demorado tanto tiempo en dar respuestas a algo que era urgente que Argentina diera”.

Scaglia también pidió que, en una futura reforma del Código Penal, se agraven las penas para adultos que utilicen a menores en redes delictivas: “Los jóvenes no van solos a ser parte de un entramado narcocriminal, a los jóvenes los buscan los adultos”, remarcó.

Desde el oficialismo, además, respondieron a las críticas señalando que “el kirchnerismo no tuvo el coraje para modificar esta ley” durante sus años de gestión.

Dudas por el presupuesto y la implementación

Uno de los ejes más sensibles del debate giró en torno al financiamiento del nuevo régimen. El diputado misionero Oscar Herrera, de Innovación Federal, reclamó mayor transparencia en la asignación de recursos y pidió que los fondos destinados a la implementación de la ley sean específicos y estén garantizados para las provincias.

“Proponemos una asignación presupuestaria acorde, que se discuta con las provincias y que se puedan tener acuerdos. Yo descreo de que este presupuesto vaya a las provincias, pero tampoco quiero que esto sea una moneda de cambio para cuestiones políticas”, expresó.

En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, puso en duda la viabilidad económica de la reforma. Aunque consideró que “14 es una edad que es la media estándar internacional” para establecer la imputabilidad, advirtió que el sistema requerirá fuerte inversión en infraestructura y programas educativos.

“Los recursos asignados en el Presupuesto son insignificantes. Estamos hablando de 23 mil millones de pesos, que no sé para qué van a servir. Hoy, el metro cuadrado de construcción de un establecimiento para encierro está en cerca de 7 mil dólares”, detalló el legislador bonaerense.

“Propaganda punitiva”, según Unión por la Patria

Desde Unión por la Patria, el rionegrino Marcelo Mango cuestionó con dureza el proyecto y lo enmarcó en lo que definió como “una propaganda punitiva del gobierno de Milei”.

“No hay ninguna estrategia para disminuir el nivel de delincuencia en el país”, afirmó, y agregó que la iniciativa implica “un proyecto contra nuestra infancia”.

En un discurso de fuerte tono político, Mango sostuvo que el Gobierno intenta “trastocar la obligación de la sociedad, del Estado y de los adultos de cuidar a la infancia” y generar “la sensación de que somos los adultos quienes nos tenemos que cuidar de nuestros chicos”.

El debate continúa en el recinto con exposiciones cruzadas y negociaciones entre bloques. La votación está prevista antes de las 22, en una sesión que promete dejar expuestas las profundas diferencias sobre cómo debe abordarse la responsabilidad penal juvenil en la Argentina.