Conadu Histórica y Conadu convocaron un paro que afecta a la mayoría de las universidades públicas del país, mientras la UBA exige el 55,4% de aumento salarial.
Este lunes comenzó el paro nacional universitario, impulsado por las federaciones mayoritarias Conadu Histórica y Conadu, que convocaron el cese de tareas en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30.
Los docentes de la UBA votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que se les pague el 55,4% de aumento salarial establecido por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
La medida tiene alcance nacional y afecta a la mayoría de las universidades públicas, entre ellas: Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de La Plata (UNLP), Tecnológica Nacional (UTN), de Rosario (UNR), de Tucumán (UNT), del Nordeste (UNNE), del Chaco Austral (UNCAUS), de Salta (UNSa), de Entre Ríos (UNER) y de José C. Paz (UNPAZ).
Según la UTN, además de sus 30 facultades regionales, se suma el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, y en el caso del UNCAUS, los docentes participan del paro por 24 horas.
El principal motivo de la huelga es la recomposición salarial, ya que los gremios denuncian un “atraso” frente a la inflación, y exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario para asegurar mayor presupuesto para todas las casas de altos estudios.
Los docentes de la UBA presentaron un informe donde destacan que el sueldo real se encuentra en su mínimo histórico: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% por debajo de los peores niveles de 2004.
Laura Carboni, secretaria general de la AGD UBA, explicó que desde noviembre de 2023 “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y detalló que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”. También recordó que “en septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado”.
El paro busca generar presión para que el Gobierno cumpla con los acuerdos salariales y garantice fondos suficientes para el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.
