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El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario en la causa por los viajes de Manuel Adorni

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La Justicia avanzó en la investigación sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario para determinar quiénes financiaron los traslados del funcionario y su familia.

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien también solicitó acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando con el objetivo de identificar a la persona que grabó el video en el que se observa a Adorni abordando un vuelo con destino a Uruguay.

Desde Casa Rosada señalaron que ya tendrían identificada a quien tomó las imágenes. Según trascendió, se trataría de una delegada sindical llamada Victoria Correa, vinculada a sectores políticos opositores.

En paralelo, en el entorno del funcionario manifestaron desconfianza hacia el magistrado y vincularon la rapidez de la investigación con internas dentro del Gobierno, además de señalar supuestas aspiraciones de Lijo a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación.

Avances en la investigación

En las últimas horas, la causa sumó nuevos elementos. Entre ellos, documentación que indica que la empresa In House S.A., propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío, habría abonado un vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero.

El comprobante señala un pago de 4.830 dólares por el traslado de Adorni y su familia. La Justicia busca determinar si existió un beneficio indebido, ya que la firma tendría contratos con el Estado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.

Además, la investigación apunta a reconstruir el circuito del dinero para confirmar el origen de los fondos y establecer si hubo otros aportantes.

Otras líneas de investigación

Por otra parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Este episodio se suma a la polémica generada por el video del vuelo a Uruguay, cuya difusión pública se produjo semanas después de haber sido registrado, lo que también generó sospechas y tensiones en el ámbito político.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.