El Tribunal Oral Federal N°3 dictó condenas de hasta ocho años por el medicamento contaminado que causó muertes y graves secuelas en todo el país. Desde Viedma, María Zelaya, una de las sobrevivientes, expresó su dolor: “Duele tanto como la impunidad disfrazada de condena”.

Tras dos décadas de espera, la Justicia finalmente dictó sentencia en la causa por el Yectafer adulterado, el medicamento contaminado que provocó la muerte de al menos cinco personas y dejó a más de 30 con secuelas irreversibles en distintos puntos del país. El fallo del Tribunal Oral Federal N°3 estableció condenas de hasta ocho años de prisión para los responsables vinculados a la producción y comercialización del fármaco.

Sin embargo, para las víctimas, el cierre judicial no logra reparar el daño. Así lo expresó María Zelaya, sobreviviente del caso y vecina de Viedma, quien atravesó una larga recuperación tras recibir una dosis del medicamento en diciembre de 2003.

“Para mí no refleja completamente la gravedad de lo que ocurrió. Duele tanto como la impunidad disfrazada de condena”, afirmó en diálogo con LU19 AM 690.

Zelaya recordó que todo comenzó cuando le recetaron el medicamento por un cuadro de anemia tras perder un embarazo. La aplicación de la inyección desencadenó una rápida descompensación. “Me descompuse en el momento. Después me mandaron a mi casa, pero al día siguiente otra paciente ingresó con los mismos síntomas y ahí empezó a descubrirse todo”, relató.

Su cuadro se agravó con el correr de las horas. Terminó internada, con complicaciones severas: hepatitis tóxica, niveles extremos de hierro en sangre y un deterioro físico que la llevó a pesar apenas 38 kilos. “Me costó un año y medio volver a hablar y caminar. Fue una recuperación muy larga”, contó.

El impacto no fue solo físico. La enfermedad le cambió la vida por completo. Perdió su trabajo, se alejó de sus hijos durante meses y tuvo que reconstruirse desde cero. “Fue un antes y un después. Me destruyeron en todo sentido”, sostuvo.

La causa judicial se inició a partir del impulso de familiares de una de las víctimas fatales, Verónica Díaz, y agrupó a 33 damnificados en todo el país. Durante el proceso, Zelaya pudo ver a los acusados en la audiencia final, aunque remarcó la falta de empatía. “No hubo ningún gesto, ni disculpas. Detrás de cada decisión hay vidas humanas y dolores que duran años”, señaló.

Si bien reconoció que la sentencia representa un cierre necesario, insistió en que las penas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño. “Son muchos años de espera. Uno tuvo que rehacerse solo, mientras los responsables siguieron con su vida”, expresó.

Además, remarcó la importancia de fortalecer los controles para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. “Cada vez que escucho casos de medicamentos contaminados, siento impotencia. Tiene que haber responsabilidad y control. Esto no puede pasar nunca más”, advirtió.

En paralelo al proceso penal, Zelaya también llevó adelante una demanda civil contra el Estado provincial, que recién logró resolverse en 2012, lo que le permitió comenzar a recomponer su vida.

Hoy, con secuelas controladas pero persistentes, asegura que logró salir adelante, aunque el dolor permanece. “Uno renace, aprende a ver la vida de otra manera. Pero necesitaba un cierre, porque esto fue muy traumático”, concluyó.

La causa tendrá un nuevo capítulo el próximo 19 de mayo, cuando se realice la audiencia para que las condenas queden firmes y se avance con el pago de indemnizaciones. Para las víctimas, será otro paso en un camino que, aunque tardío, busca algo de justicia.