El Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado un proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, una iniciativa que ya genera fuertes debates en el ámbito político y social.

La propuesta surge tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad y apunta a reemplazar la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, cuya implementación reciente fue cuestionada por fallos judiciales adversos al Gobierno.

El proyecto implica un cambio profundo en el enfoque de las políticas públicas: deja atrás el esquema de ampliación de derechos para centrarse en la fiscalización, el control y el endurecimiento de las condiciones de acceso a las pensiones.

• Reempadronamiento obligatorio: todos los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, socioeconómica y laboral. El incumplimiento implicará la suspensión automática del beneficio.
• Mayor fiscalización: se prevé el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, habilitando suspensiones preventivas ante inconsistencias.
• Recortes en los montos: se mantiene el 70% del haber mínimo, pero se eliminan adicionales como el de zona desfavorable y la posibilidad de otorgar aumentos específicos.
• Incompatibilidad laboral: se prohíbe el empleo formal para beneficiarios. Quienes accedan a un trabajo registrado perderían automáticamente la pensión.
• Cambios en salud: se propone eliminar el nomenclador nacional y avanzar hacia convenios descentralizados entre Nación y provincias, lo que podría afectar la calidad y homogeneidad de las prestaciones.

El oficialismo decidió ingresar el proyecto por el Senado, donde considera tener mejores condiciones para construir mayorías. Sin embargo, se anticipa una fuerte resistencia, incluso en sectores aliados que anteriormente respaldaron la normativa vigente.

Analistas señalan que esta estrategia podría replicar maniobras recientes en otros debates legislativos, buscando ganar tiempo mientras continúa el incumplimiento de leyes actuales.