El Gobierno nacional se prepara para una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias a principios de mayo, en un intento por alcanzar un acuerdo que resuelva la disputa generada por la Ley de Financiamiento Universitario. Desde su sanción, esta ley ha sido uno de los mayores puntos de conflicto entre el oficialismo y las universidades, y ahora se suman las presiones judiciales que obligan a su cumplimiento.

En los últimos días, el oficialismo habría estado estudiando cómo reajustar los números para cumplir con el fallo judicial que exige la implementación de la ley. Aunque en febrero se había alcanzado un principio de acuerdo, el mismo no prosperó debido a los plazos legislativos. En la Casa Rosada confían en que una nueva convocatoria logre el consenso necesario, pero la tensión persiste, con la posibilidad de una nueva movilización universitaria en mayo.