El gobierno del presidente Javier Milei tomó una medida inédita este jueves al prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional. La decisión fue comunicada a través de un mensaje breve de difusión, que informaba que “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”.

Este anuncio llega luego de que la Casa Militar denunciara a dos periodistas por un presunto caso de “espionaje”. Aunque los detalles de la denuncia no fueron completamente esclarecidos, la acusación sugiere que los periodistas habrían estado involucrados en actividades de espionaje no autorizadas, lo que llevó al gobierno a tomar la medida preventiva en aras de proteger la seguridad del edificio presidencial y evitar futuras filtraciones.

La prohibición, que impide el acceso a uno de los principales espacios de poder del país, ha generado un fuerte debate en el ámbito de los medios de comunicación y la opinión pública. Organizaciones periodísticas han expresado su preocupación por esta restricción, que podría interpretarse como una forma de control sobre la libertad de prensa, especialmente en un momento donde la relación entre el gobierno de Milei y los medios de comunicación ya se encuentra bajo tensión.

La medida ha sido vista como una respuesta directa a los hechos ocurridos el día anterior, donde se presentó la denuncia de espionaje. Sin embargo, se desconoce si la decisión será temporal o si se adoptarán nuevas medidas de control sobre los periodistas acreditados en el futuro cercano.

En medio de esta situación, diversos sectores han planteado cuestionamientos sobre los límites entre la seguridad del Estado y la protección de la libertad de prensa, un derecho fundamental en cualquier democracia.