La Fiscalía presentó la acusación contra el intendente Marcelo Román y el empresario Sebastián Ocampo por una supuesta relación irregular dentro del municipio. La investigación se originó a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas y apunta al uso de recursos públicos por parte de una persona sin cargo oficial. El próximo 17 de junio se definirá si avanza la formulación de cargos.

La causa que involucra al intendente de Allen, Marcelo Román, sumó un nuevo capítulo este martes luego de que la Fiscalía presentara formalmente su acusación contra el jefe comunal y el empresario de medios Sebastián Ocampo. La investigación gira en torno al presunto uso irregular de bienes municipales y a la participación de Ocampo en decisiones de gobierno sin contar con un nombramiento oficial dentro de la estructura municipal.

Según trascendió durante la audiencia judicial, uno de los puntos centrales de la acusación es la provisión de un teléfono celular municipal al empresario, quien habría sido considerado una especie de “asesor” del intendente, pese a no tener facultades legales ni designación formal para desempeñar funciones dentro del Estado.

La presidenta del Tribunal de Cuentas de Allen, María Belén Villar, explicó en diálogo con LU19 AM 690 que el expediente judicial tuvo origen en una investigación administrativa iniciada tras una denuncia realizada por la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morel.

“Cuando tomamos la denuncia advertimos que había cuestiones que excedían el ámbito administrativo sobre el que nosotros podíamos intervenir. Por eso decidimos elevar el caso a la Justicia además de iniciar el correspondiente sumario administrativo”, señaló Villar.

La funcionaria indicó que el organismo detectó indicios de que una persona ajena al municipio tenía participación activa en decisiones de gobierno. “Lo que expuso Morel fue que una persona externa al municipio tomaba decisiones, utilizaba bienes municipales y operaba como si fuera funcionario sin tener ninguna relación formal con el Estado”, sostuvo.

De acuerdo con el relato de Villar, las presuntas intervenciones de Ocampo habrían alcanzado áreas sensibles de la administración municipal, incluyendo cuestiones vinculadas a contrataciones, personal y aspectos administrativos.

“Sin tener un nombramiento oficial, desde las sombras operaba absolutamente todo. Tomaba decisiones relacionadas con contrataciones y con el personal”, afirmó.

La titular del Tribunal de Cuentas también remarcó que el conflicto podría haberse evitado si el empresario hubiera sido incorporado formalmente a la administración. Sin embargo, aseguró que durante toda la gestión de Román nunca existió una designación oficial de Ocampo en el municipio.

Respecto de la relación institucional con el intendente, Villar reconoció que siempre estuvo marcada por tensiones. “La relación nunca fue buena. Desde el inicio hubo dificultades para acceder a documentación requerida por el Tribunal. Parecía que el control no era algo que le agradara”, manifestó.

Además, recordó que existen otras denuncias vinculadas a la gestión municipal, entre ellas una relacionada con el cobro indebido de tasas durante los primeros meses de gobierno, aunque aclaró que se trata de una investigación independiente.

Ahora, todas las miradas están puestas en la audiencia prevista para el próximo 17 de junio, cuando la jueza de Garantías deberá resolver si hace lugar al pedido fiscal y avanza con la formulación de cargos contra el intendente de Allen y el empresario investigado.

Mientras tanto, desde el Tribunal de Cuentas aseguraron que continuarán colaborando con la Justicia en caso de que la causa avance hacia una etapa de juicio. “Nuestra intervención directa concluye aquí, pero si el proceso continúa seguiremos aportando toda la información que sea necesaria”, concluyó Villar.