Hoy se tuvieron por formulados los cargos contra el actual intendente de Allen de la Libertad Avanza, Marcelo Román, en el marco de una investigación impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, por hechos encuadrados en los delitos de administración fraudulenta y peculado.

La magistrada interviniente estableció además un plazo de investigación penal preparatoria de dos meses, que vencerá el 30 de agosto de este año.

Según la acusación fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el jefe comunal habría sustraído fondos de la administración pública municipal para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre del municipio que totalizaría $596.812,38.

La fiscalía sostuvo además que el dispositivo fue retirado del patrimonio estatal y entregado a una persona sin vínculo contractual ni relación con la administración municipal, lo que habría implicado una afectación al erario público.

También se imputó a un segundo involucrado como partícipe necesario, quien habría utilizado el equipo y colaborado en su uso dentro de la estructura municipal sin ser agente público, incluso para impartir directivas a empleados.

La calificación legal para el intendente es “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en concurso ideal”, mientras que para el otro imputado se lo considera partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

Entre las pruebas reunidas se incluyen denuncias del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación administrativa, facturas, informes contables del Ministerio Público de Río Negro, pericias, allanamientos y más de 35 declaraciones testimoniales.

Las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y cuestionaron parte de la prueba incorporada, además de pedir la imputación de otra funcionaria municipal.