Un insólito error se produjo durante el juicio de la Causa Cuadernos, donde la Justicia convocó a declarar a una persona equivocada debido a una confusión de identidad con un exfuncionario que figuraba como testigo solicitado por la fiscalía.
El hombre citado fue Juan Carlos Santos, un contador público que comparte nombre con el exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ex AFIP —actual ARCA— durante la gestión de Alberto Abad. Al comenzar la audiencia, el convocado respondió preguntas sobre su identidad, profesión y vínculos con los imputados, hasta que quedó en evidencia el error.
Consultado sobre si había trabajado en la ex AFIP, el contador respondió que no y luego aclaró ante el Tribunal Oral Federal N°7: “¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
El hombre explicó que recibió un mensaje por WhatsApp informándole que debía presentarse a declarar, pero que nadie le había explicado los motivos de la citación. Incluso señaló que se encontraba en el exterior y tuvo que regresar para asistir a la audiencia.
Ante la consulta del tribunal sobre si había intentado aclarar la situación antes de la convocatoria, Santos indicó que preguntó de qué se trataba, pero que no le brindaron información. Finalmente, los jueces le pidieron disculpas y el contador se retiró del lugar.
Funcionarios de ARCA declararon sobre presuntas maniobras
En jornadas anteriores del juicio, funcionarios de ARCA brindaron detalles sobre presuntas maniobras utilizadas por empresarios investigados para retirar dinero en efectivo de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Según los testimonios, las operaciones incluían la contratación de proveedores considerados “no confiables”, la emisión de facturas cuestionadas y la compra de dólares en efectivo que luego eran entregados a representantes de uniones transitorias de empresas (UTE).
Entre las compañías mencionadas en la investigación figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, que integraban UTE para distintos proyectos de infraestructura. De acuerdo con la acusación, los pagos del Estado eran seguidos por contrataciones de proveedores cuyos servicios no tendrían una contraprestación comprobada, permitiendo registrar esos egresos como gastos vinculados a las obras.
