Una mediación del Juzgado de Paz permitió alcanzar un acuerdo entre dos mujeres que discutían por la ubicación de cámaras de vigilancia en un complejo de departamentos.
La instalación de cámaras de seguridad en viviendas y complejos habitacionales es cada vez más frecuente como medida de prevención del delito. Sin embargo, cuando esos dispositivos registran espacios privados o generan preocupación entre los vecinos, pueden convertirse en el origen de un conflicto.
Eso ocurrió en un complejo de departamentos de Cipolletti, donde dos vecinas llegaron al Juzgado de Paz por diferencias vinculadas a la ubicación de las cámaras de vigilancia. El caso fue dado a conocer por el área de Comunicación Judicial de Río Negro como un ejemplo de resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo y la mediación.
Juan Cruz García, integrante del área de prensa del Poder Judicial, explicó que una de las mujeres manifestó sentirse invadida en su privacidad, ya que las cámaras registraban el estacionamiento, los movimientos de los vehículos, las patentes e incluso sectores donde jugaban niños y adolescentes.
“La preocupación no era solamente que las cámaras filmaran esos espacios, sino también qué ocurría con esas imágenes, dónde se almacenaban, quién tenía acceso a ellas y qué podía pasar si esa información terminaba en manos de terceros”, señaló.
El planteo también puso sobre la mesa el debate sobre la protección de los datos personales en un contexto donde las imágenes pueden almacenarse en la nube o en dispositivos físicos y, eventualmente, ser vulneradas o difundidas.
Un acuerdo para garantizar seguridad y privacidad
La intervención estuvo a cargo de la jueza de Paz Gabriela Montorfano, quien convocó a ambas partes a una instancia de diálogo.Durante la audiencia, la otra vecina también expresó inquietudes similares respecto de las cámaras instaladas en el complejo. Finalmente, ambas acordaron reubicar los dispositivos para que cumplieran su función de brindar seguridad sin afectar la privacidad de ninguna de las familias.
Desde el Poder Judicial destacaron que este tipo de intervenciones permite evitar que los conflictos vecinales escalen hacia situaciones de mayor tensión.
“Los Juzgados de Paz son la primera puerta de acceso a la Justicia y trabajan con herramientas como la escucha activa y la mediación para encontrar soluciones consensuadas”, explicó García. Además, recordó que este tipo de disputas suele extenderse a otros reclamos, como ruidos molestos o problemas de convivencia, por lo que alcanzar acuerdos tempranos favorece la relación entre vecinos.
Otro caso: el derecho de los chicos a jugar
Durante la entrevista también se dio a conocer un fallo del Juzgado de Paz de El Bolsón que abordó otro conflicto de convivencia. En ese caso, la propietaria de un estudio de yoga reclamó porque los niños que jugaban al fútbol en un espacio público interrumpían sus clases con el ruido de la pelota.
El juez rechazó el planteo y sostuvo que no podía impedir que los chicos utilizaran un espacio público para jugar.
En su resolución remarcó que, en una época en la que se busca reducir el tiempo que los niños pasan frente a pantallas, resultaría contradictorio prohibirles realizar actividades recreativas al aire libre. Como alternativa, sugirió que el estudio incorporara medidas de insonorización para minimizar el impacto del ruido.
Desde el Poder Judicial consideraron que ambos casos muestran el rol que cumplen los Juzgados de Paz en la resolución de conflictos cotidianos, promoviendo el diálogo y el equilibrio entre derechos, como la seguridad, la privacidad y la convivencia vecinal.