El Gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país, cancelar residencias y expulsar a extranjeros que emitan mensajes de odio contra argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación.
Según el texto del decreto, no podrán ingresar al territorio nacional quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”. La norma también alcanza a quienes hayan realizado o participado en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
Además de impedir el ingreso, el DNU incorpora estas conductas como causal para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país. En esos casos, la medida podrá derivar en la intimación a abandonar el territorio nacional o en la expulsión, conforme a las circunstancias de cada caso.
El argumento del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que en los últimos tiempos aumentaron los “mensajes de odio y actos de hostilidad” contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Bajo ese diagnóstico, afirma que el Estado tiene la facultad de establecer condiciones de admisión y permanencia de extranjeros para resguardar el orden público, la seguridad y la cohesión social.
La decisión se enmarca en la postura adoptada por la administración de Javier Milei tras denunciar una supuesta “campaña antiargentina” que, según el Gobierno, trascendió el ámbito deportivo luego del Mundial 2026.
Qué dice sobre la libertad de expresión
El decreto aclara expresamente que las nuevas disposiciones no podrán aplicarse a “expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana” que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional. No obstante, especialistas anticipan que el alcance de conceptos como “mensaje de odio” podría generar debates jurídicos sobre su interpretación y eventual revisión judicial.
Como todo Decreto de Necesidad y Urgencia, la norma deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, aunque mantiene plena vigencia mientras se desarrolla ese proceso.
