Bajada: En una cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó una serie de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Entre los anuncios se destacan la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, un proyecto de ley para endurecer las sanciones a empresas que operen en la zona sin autorización argentina y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una cadena nacional acompañado por todo su Gabinete para anunciar un paquete de iniciativas destinadas a fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y endurecer la postura del Estado argentino frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Durante su mensaje, el mandatario afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y sostuvo que la defensa de la soberanía debe convertirse en una política de Estado que trascienda a cualquier gobierno.
Base naval en Tierra del Fuego
Uno de los principales anuncios fue la decisión de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Según explicó Milei, la obra buscará convertir a la Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur, fortalecer la presencia militar en una región considerada estratégica e incrementar las capacidades de telecomunicaciones del país.
El Presidente señaló que esta infraestructura forma parte de una estrategia de largo plazo para mejorar la capacidad de defensa y la proyección geopolítica argentina en el sur del continente.
Proyecto de ley para endurecer sanciones
Milei también anunció el envío al Congreso de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modificará la Ley 26.659 para ampliar y endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del país.
La iniciativa contempla sanciones administrativas y penales para compañías que exploten recursos o presten servicios vinculados a esos proyectos, además de establecer un régimen de protección para infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.
Mayor coordinación del Estado
Entre las medidas inmediatas, el Gobierno dictó un decreto reglamentario que obliga a distintos organismos nacionales a remitir a la Cancillería toda la información relacionada con posibles incumplimientos de la legislación sobre Malvinas. El objetivo es agilizar los procedimientos para impulsar sanciones y coordinar la actuación del Estado.
Además, se incorporarán declaraciones juradas en trámites vinculados al sector hidrocarburífero y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el fin de impedir beneficios a empresas que operen en áreas en disputa sin reconocer la soberanía argentina.
El foco puesto en el proyecto petrolero Sea Lion
Buena parte del discurso estuvo centrada en el proyecto offshore Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. El Presidente advirtió que la explotación de ese yacimiento representa un hecho “especialmente grave” porque implica la extracción de un recurso no renovable en un área cuya soberanía continúa en disputa entre Argentina y el Reino Unido. También sostuvo que, de no actuar, las empresas podrían comenzar a apropiarse de reservas de petróleo ubicadas en el mar argentino.
La Cancillería argentina ya había rechazado el avance del proyecto al considerar que se trata de una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que ambas compañías fueron sancionadas e inhabilitadas para operar en Argentina por realizar actividades sin autorización nacional.
Un Consejo de Seguridad Nacional
Como parte del paquete legislativo, el Gobierno propuso la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que reunirá a áreas como Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía para definir una política de seguridad nacional coordinada.
Milei sostuvo que la defensa de la soberanía no se limita al territorio, sino que también incluye la protección de los recursos estratégicos, la infraestructura crítica y la capacidad de decisión del país frente a intereses extranjeros.
