El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras volvió a poner en el centro de la escena al DNU 70/2023, considerado una de las principales herramientas legislativas de la gestión de Javier Milei.
El máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación a partir de una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del artículo cuestionado. Según los fundamentos del fallo, el CECIM no contaba con legitimación suficiente para promover la demanda. Los magistrados también señalaron que la soberanía nacional no constituye un “bien colectivo”, sino un elemento constitutivo del Estado.
La Ley de Tierras y el DNU 70/2023
Con la decisión judicial, volvió a tener vigencia el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras, por lo que quedaron sin efecto las restricciones que establecía esa normativa para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La legislación derogada establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% de la superficie nacional, además de topes equivalentes para provincias y municipios.
El Gobierno ya había intentado avanzar sobre este tema mediante el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y permanece pendiente de tratamiento en Diputados. Sin embargo, el capítulo referido a la extranjerización de tierras fue retirado luego de encontrar resistencia de sectores opositores y de algunos gobernadores aliados.
La oposición busca una sesión especial
Tras el fallo, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda comenzaron a analizar la posibilidad de solicitar una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó el inicio de conversaciones luego de reunirse con representantes del CECIM La Plata.
El Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024, pero para que quede definitivamente sin efecto también debería ser rechazado por Diputados. Hasta ahora, la oposición no logró reunir los votos necesarios.
Uno de los principales obstáculos es el mecanismo establecido para el tratamiento de los DNU: el Congreso debe pronunciarse sobre la validez o invalidez del decreto en su conjunto, sin posibilidad de rechazar únicamente determinados artículos.
El DNU 70/2023 modificó y derogó numerosas normas en áreas diferentes, entre ellas la Ley de Tierras, la regulación de alquileres y disposiciones vinculadas con las empresas de medicina prepaga.
El oficialismo busca evitar una derrota
La Libertad Avanza, por su parte, analiza alternativas para evitar que el decreto quede expuesto a un eventual rechazo en Diputados.
Entre las posibilidades aparece la incorporación de restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros dentro de proyectos que ya se encuentran en discusión en el Congreso, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o la iniciativa vinculada con la Defensa de la Soberanía Nacional.
El objetivo de esas modificaciones sería facilitar acuerdos con los bloques aliados y, al mismo tiempo, reducir las posibilidades de que los gobernadores queden involucrados en una votación que obligue a pronunciarse sobre la totalidad del DNU.
La definición dependerá en buena medida de la posición que adopten los bloques provinciales y los gobernadores dialoguistas. Entre los mandatarios cuyo posicionamiento es seguido de cerca aparece el cordobés Martín Llaryora.
Mientras la oposición analiza convocar a una sesión especial —con fechas tentativas que comenzaron a circular para mediados de octubre—, el oficialismo busca una estrategia parlamentaria que permita sostener el DNU 70/2023 y evitar que el debate sobre la Ley de Tierras se convierta en un punto de quiebre con sus aliados.
