Dos trabajadores de Villa Regina, afectados por un elevado nivel de endeudamiento, acudieron al fuero Civil de esa ciudad al no poder cumplir con todas sus obligaciones económicas. En ambos casos, los ingresos habían quedado fuertemente comprometidos por embargos y descuentos vinculados con distintas deudas.
Las personas habían contraído préstamos con entidades financieras y bancos, además de acumular deudas por tarjetas de crédito. El nivel de descuentos llegó a un punto en el que prácticamente no disponían de ingresos suficientes para afrontar sus gastos habituales.
Ante este escenario, cada uno decidió solicitar judicialmente su propia quiebra. La herramienta permite concentrar y ordenar la situación patrimonial del deudor dentro de un proceso judicial, aunque también genera determinadas restricciones.
¿Qué implica la quiebra?
La declaración de quiebra produce efectos sobre la administración y disposición de los bienes de la persona. A partir de la apertura del proceso interviene un síndico, que tiene entre sus funciones verificar los créditos reclamados por los acreedores y controlar la situación patrimonial.
Además, la persona declarada en quiebra queda sujeta a restricciones para disponer de determinados bienes y para salir del país durante el proceso, aunque estas limitaciones se encuentran reguladas judicialmente.
De esta manera, los distintos acreedores deben presentarse dentro del expediente para acreditar sus créditos, en lugar de continuar con reclamos individuales por cada deuda.
¿Hay otras alternativas para personas sobreendeudadas?
La quiebra no es la única herramienta prevista para quienes atraviesan dificultades económicas. Existen otras figuras jurídicas que pueden utilizarse según las características de cada situación y el nivel de endeudamiento.
Luciano Videla, director de Comunicación del Poder Judicial de Río Negro, explicó que quienes atraviesan una situación de sobreendeudamiento pueden recurrir a la Justicia para conocer las alternativas disponibles y determinar cuál resulta adecuada para su caso.
El objetivo de estos procesos es brindar un marco legal para ordenar las obligaciones económicas, determinar los créditos existentes y establecer cómo continúa la situación patrimonial del deudor.
