Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, explicó a LU19 los motivos de la medida que se lleva adelante este miércoles 21 y jueves 22 de octubre. El sector reclama una actualización de los aranceles, pagos regulares y mejores condiciones para garantizar la atención de los jubilados.

Clínicas y sanatorios privados de la Patagonia mantienen una suspensión de servicios para afiliados del PAMI durante 48 horas, este miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La medida fue convocada por la agrupación Clínicas de la Patagonia y Salud Federal, ante la falta de respuestas a los reclamos económicos y asistenciales del sector.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, dialogó con LU19 y explicó que las instituciones patagónicas resolvieron sostener la medida, a diferencia de otras cámaras de prestadores que optaron por postergarla a la espera de una reunión técnica con las autoridades de la obra social.

“En la Patagonia, el aumento que PAMI propuso para el conjunto de las prestaciones médicas es del orden del 4%”, señaló Sabalette. Según detalló, con esa actualización, el incremento acumulado durante 2026 llegará al 11%, frente a una inflación proyectada de entre el 30% y el 31%.

El reclamo por los aranceles y los costos médicos

El gerente del Sanatorio Juan XXIII advirtió que los aumentos ofrecidos por PAMI no alcanzan para afrontar la evolución de los costos de funcionamiento ni las actualizaciones salariales del sector.

“El aumento de todo el año de PAMI no alcanza siquiera a cubrir este último tramo de aumentos salariales”, afirmó, en referencia a las paritarias de Sanidad, que establecieron una suba acumulada del 12% entre septiembre y enero.

“Está una tercera parte de la inflación. Es por eso que en la Patagonia decidimos mantener las medidas”, agregó.

Sabalette también explicó que, aunque en otras regiones del país funciona un modelo de contratación diferente, las actualizaciones propuestas tampoco representarían una mejora sustancial para los prestadores privados.

La medida cuenta con el acompañamiento de Salud Federal, una cámara nacional que reúne entre 80 y 90 clínicas del interior del país.

Clínicas advierten por el deterioro de la atención a jubilados

La decisión fue anunciada luego de varios meses de gestiones sin resultados. Según comunicaron las entidades, no prosperaron las instancias de diálogo con autoridades del PAMI y del Ministerio de Salud.

Además, indicaron que continúa sin respuesta un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para abordar la situación de los servicios médicos destinados a los jubilados.

Las instituciones sostienen que las condiciones contractuales actuales limitan la atención de los pacientes y generan dificultades operativas para los afiliados.

De acuerdo con el comunicado del sector, los aranceles acumulan atrasos de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación durante los últimos dos años. También señalaron que las demoras en los pagos y el desfasaje entre los ingresos y los costos ponen en riesgo la sustentabilidad económica y financiera de las clínicas y sanatorios.

Entre los principales reclamos figuran una actualización de los valores de las prestaciones acorde con los costos, pagos regulares y un modelo de atención que contemple las necesidades de los jubilados.

El conflicto alcanza a la Patagonia

La suspensión de servicios involucra a prestadores privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, que vienen realizando distintos reclamos por las condiciones de contratación con PAMI.

Las entidades también cuestionaron el traslado de prestaciones hacia hospitales públicos, al considerar que estos establecimientos ya afrontan una importante demanda asistencial y que esa modalidad reduce la participación de los prestadores privados.

El conflicto se suma a otras medidas adoptadas durante los últimos meses. A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de la región habían suspendido la atención programada de afiliados de PAMI, en una medida que alcanzó a casi 300.000 jubilados y pensionados.

Mientras continúa la suspensión anunciada para octubre, los prestadores reclaman una respuesta de las autoridades nacionales que permita revisar los aranceles y garantizar la continuidad de los servicios médicos para los afiliados.