El senador brasileño Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas y quedó sujeto a una prohibición de salida del país, según informó este lunes 26 de octubre. La medida fue atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

La notificación se produjo cuando el legislador salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. La decisión también establece la prohibición de contacto entre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, investigado en la misma causa.

La reacción de Flávio Bolsonaro

Tras conocer la medida, el senador publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que cumplirá con la orden judicial, aunque cuestionó sus fundamentos y denunció una supuesta persecución política.

“Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme”, sostuvo. También vinculó la decisión con declaraciones de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien había planteado que debía abandonar Brasil en caso de perder las elecciones presidenciales.

Flávio negó haber manifestado su intención de salir del país y afirmó que la orden fue firmada el domingo 25 de octubre, después de conocerse el resultado electoral.

La investigación por presunto lavado de dinero

La causa investiga posibles irregularidades financieras relacionadas con el abogado Willer Tomaz, empresas vinculadas a él y negocios del sector de las apuestas en línea. Entre las hipótesis bajo análisis figuran presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

Según informes atribuidos a la Policía Federal y difundidos por medios brasileños, Flávio Bolsonaro habría figurado como usuario principal de una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una empresa vinculada a Tomaz y registrada en la isla de Madeira, Portugal.

Los investigadores también examinan registros de viajes, pagos, vínculos societarios y el uso compartido de un avión privado. Estos elementos forman parte de las pesquisas y no constituyen, por sí solos, una determinación judicial de culpabilidad.

Por su condición de senador, el caso fue remitido al Supremo Tribunal Federal el 8 de octubre y Alexandre de Moraes quedó a cargo de su relatoría.

La investigación continúa en curso. Flávio Bolsonaro cuestionó la medida y anunció que se defenderá, mientras que las sospechas investigadas deberán ser esclarecidas en el ámbito judicial.