Una auditoría realizada por el Ministerio de Salud encendió las alarmas dentro del Estado nacional luego de detectar presuntos sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad durante 2025. El informe técnico reveló diferencias de hasta el 4239% respecto de los valores de mercado y derivó en una investigación judicial que ya involucra a exdirectivos, empresarios y proveedores vinculados entre sí.

La causa, que se encuentra bajo la órbita del fiscal Franco Picardi, apunta a un supuesto esquema de corrupción montado alrededor de contrataciones estatales. Según la documentación oficial, existieron maniobras sistemáticas para beneficiar a determinadas firmas mediante procesos licitatorios presuntamente manipulados.

El trabajo de auditoría comparó las facturas abonadas por el Estado con valores de referencia del mercado y encontró diferencias consideradas injustificables por los técnicos del Ministerio. El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios y una red de conexiones societarias y familiares entre proveedores que distorsionaban los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público.

Entre los casos detectados aparecen compras de sillas de ruedas con incrementos cercanos al 2000%, además de operaciones vinculadas a andadores y prótesis cuyos montos quedaron muy por encima de los precios habituales. Uno de los ejemplos más llamativos fue la adquisición de un andador por una cifra varias veces superior al valor de otro producto de características similares.

Las irregularidades también alcanzaron insumos médicos de alta complejidad. La auditoría remarcó que el 8 de julio de 2025 la ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvulas cardíacas, mientras que meses antes el PAMI había adquirido el mismo producto por $124 millones. Para los especialistas del Ministerio, estas operaciones muestran “desvíos técnicamente indefendibles” y exponen un patrón repetido de contratación.

La investigación judicial ya derivó en la citación a indagatoria de 49 personas. Entre ellas figura el contador Osmar Mariano Caballi, principal socio de Farma Salud, una de las compañías que más dinero recibió mediante este esquema. Según el expediente, la firma absorbió alrededor de $7.900 millones en contrataciones estatales.

Caballi había ocupado un cargo jerárquico dentro de la agencia durante la gestión de Alberto Fernández y, según declaraciones incorporadas a la causa, habría utilizado esa experiencia previa para acercar negocios con el Estado a determinadas empresas privadas.

El fiscal Picardi también investiga posibles maniobras para vulnerar el sistema digital de licitaciones Siipfis. De acuerdo con el dictamen judicial, esa herramienta habría permitido beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y coordinada. La fiscalía detectó además la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “grupo museo”, donde exfuncionarios y operadores externos presuntamente definían qué empresas participarían de las supuestas competencias de precios.

Entre las firmas bajo sospecha aparecen Artrobone, Bymax Medical e Imnova. Según los investigadores, algunas de ellas llegaron a facturar sillas de ruedas por $19 millones cuando el valor de referencia rondaba $1,2 millones. Además, la Justicia detectó vínculos personales entre empresarios y exfuncionarios de la ANDIS que ya se encuentran procesados.

El expediente también cuestiona adquisiciones de componentes importados de alta gama que, según el informe técnico, no representaban una ventaja terapéutica que justificara semejante erogación del Tesoro Nacional.

Mientras la investigación avanza, los acusados buscan frenar la causa mediante planteos de nulidad y objeciones sobre audios filtrados que mencionarían el funcionamiento de un sistema de coimas. El juez Ariel Lijo ordenó realizar peritajes sobre esas grabaciones para determinar su autenticidad.

Durante los próximos días continuarán las declaraciones de empresarios y exfuncionarios ante los tribunales en una causa que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al sistema de discapacidad en Argentina.