El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su declaración jurada en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, aunque en el Gobierno aseguran que no aceptará presiones de sectores internos del oficialismo para adelantar los tiempos.

Según trascendió desde el entorno del funcionario, la intención es hacer pública la documentación a principios de junio, en la previa del Mundial, mientras continúan las repercusiones políticas dentro de La Libertad Avanza.

En la Casa Rosada apuntan especialmente contra Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, quienes en los últimos días reclamaron públicamente que Adorni anticipe su declaración jurada y dé explicaciones sobre su situación judicial.

“No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro”, señalaron desde el entorno del funcionario, marcando distancia con los pedidos internos.

Las declaraciones de Bullrich generaron malestar en el círculo cercano al presidente Javier Milei y particularmente en Karina Milei, quien mantiene diferencias políticas con la ministra de Seguridad.

Incluso, fuentes de la mesa política libertaria reconocieron que las expresiones de Bullrich fueron interpretadas como una ruptura de la estrategia oficial y profundizaron las tensiones internas dentro del Gobierno.

El propio Milei debió intervenir públicamente tras su viaje a Estados Unidos y aseguró que la ministra “spoileó” el movimiento que preparaba el oficialismo respecto de la situación patrimonial de Adorni.

Por otro lado, Villarruel también se expresó sobre el tema y sostuvo que aguardaba la presentación de la declaración jurada del ex vocero presidencial.

Mientras tanto, el contador de Adorni trabaja en el detalle patrimonial con el que buscará justificar la adquisición de propiedades y viajes al exterior, en una causa que está bajo investigación judicial.

En el Gobierno intentan bajarle el tono al expediente y consideran que la situación no derivará en medidas judiciales de mayor impacto.

La investigación está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes continúan reuniendo pruebas para determinar si existieron irregularidades patrimoniales.