La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en crisis a cinco obras sociales del país, entre ellas la de los Obreros de la Fruta de Río Negro y Neuquén. El secretario general del gremio, Máximo Santibáñez, afirmó que la entidad arrastra una convocatoria de acreedores desde 2005, aunque aseguró que actualmente “no se le debe a ningún prestador” y que la atención médica sigue garantizada para los afiliados.

La declaración de crisis sobre cinco obras sociales por parte del Gobierno Nacional encendió la preocupación entre miles de afiliados en todo el país. Una de las entidades alcanzadas por la medida fue la obra social de los Obreros de la Fruta de Río Negro y Neuquén, situación que motivó la respuesta pública del nuevo secretario general del sindicato, Máximo Santibáñez.

En diálogo con LU19 AM 690, el dirigente explicó que la situación de la obra social no es nueva y remarcó que la entidad se encuentra en convocatoria de acreedores desde el año 2005.

“Nuestra obra social es pequeña y viene convocada desde hace 21 años. Son problemas que vienen de gestiones anteriores y que se intentan regularizar desde hace tiempo”, señaló Santibáñez.

El dirigente sostuvo que, pese al escenario financiero complejo y a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, actualmente no existen deudas con clínicas, médicos ni farmacias.

“No se le adeuda a ningún prestador. Venimos trabajando con todo al día y seguimos firmando convenios para mejorar las prestaciones”, afirmó.

Santibáñez explicó además que la particularidad del sector frutícola complica el sostenimiento económico de la obra social, debido a que la mayoría de los trabajadores son temporarios y discontinuos.

“Hay altas y bajas permanentes según la temporada. Muchos trabajadores hacen dos o tres meses y después dejan de trabajar, pero aun así se les permite seguir pagando la obra social por 29 o 30 mil pesos mensuales y mantener la cobertura familiar”, detalló.

Según indicó, la Superintendencia otorgó un plazo de 15 días para presentar un plan de contingencia y regularizar distintos puntos observados. De los 19 requerimientos realizados por el organismo nacional, aseguró que solo quedan pendientes tres.

Uno de los principales problemas, explicó, está relacionado con la regularización administrativa de prestadores médicos y clínicas ante la Superintendencia.

“Nosotros ya enviamos toda la documentación y pedimos a las instituciones que regularicen su situación. Hay cuestiones que ya escapan a la obra social y dependen directamente de los prestadores y de la Superintendencia”, sostuvo.

El titular del gremio también denunció que existen empresas del sector que mantienen importantes deudas con la obra social y el sindicato.

“Hay empresas que deben más de 100 millones de pesos entre aportes de obra social y cuota sindical. Nosotros seguimos garantizando las prestaciones a los trabajadores y después intimamos legalmente a las empresas para que regularicen”, explicó.

Finalmente, Santibáñez llevó tranquilidad a los afiliados y aseguró que el objetivo inmediato es completar la documentación requerida para evitar cualquier afectación en la cobertura médica.

“Estamos trabajando para resolver todo dentro de los plazos. La prioridad es cuidar la salud de los trabajadores y sus familias”, concluyó.