El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que a partir del 19 de junio las personas con discapacidad podrán acceder al transporte público de jurisdicción nacional de manera gratuita utilizando directamente la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico ante choferes o inspectores.

Según informó el Gobierno, el beneficio deberá vincularse previamente a través de la plataforma oficial de SUBE y convivirá durante un período de transición con el sistema de acreditación actualmente vigente.

La medida alcanza a los servicios de colectivos y trenes bajo jurisdicción nacional y busca simplificar el acceso al transporte para quienes cuentan con el beneficio establecido por ley.

El anuncio se produjo en medio de la controversia generada por la declaración jurada patrimonial de Adorni y las explicaciones brindadas por el funcionario sobre la tenencia de activos en criptomonedas.

Durante una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete explicó que mantuvo durante años una importante inversión en Bitcoin almacenada en una billetera fría —un dispositivo físico similar a un pendrive— fuera del sistema financiero tradicional.

“Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo”, sostuvo el funcionario al referirse al dispositivo donde conservaba sus criptomonedas.

La explicación generó repercusiones en distintos sectores políticos. Mientras especialistas en activos digitales destacan que las billeteras frías son uno de los métodos más seguros para resguardar criptomonedas, desde la oposición cuestionaron que esos fondos permanecieran fuera del radar fiscal durante varios años.

En la misma entrevista, Adorni relató que sus primeros ahorros significativos surgieron tras el fallecimiento de su padre en 2002. “Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, afirmó.

Las declaraciones se suman al debate público generado en torno a la evolución patrimonial del funcionario, mientras el Gobierno busca poner el foco en medidas de gestión como la simplificación de beneficios para personas con discapacidad.