Dos hombres y una mujer fueron imputados esta mañana por el homicidio de Ceferino Guerra, ocurrido alrededor de las 23 del viernes 3 de julio, en una vivienda del barrio Michi Michi, en Cinco Saltos.

Según explicó el fiscal Leandro López, el grupo habría ingresado de manera coordinada al inmueble, y previa distribución de tareas, uno de ellos habría efectuado un disparo de escopeta a corta distancia contra la víctima que se encontraba en el comedor.

En la vivienda también estaban un hombre y una mujer que, al escuchar que varias personas se acercaban a los gritos, escaparon por la parte trasera. Mientras huían oyeron detonaciones y, una vez resguardados, observaron que la casa era consumida por el fuego.

La Fiscalía sostuvo que, después de provocar la muerte, los acusados habrían incendiado intencionalmente el inmueble para ocultar el hecho y destruir elementos de prueba. La vivienda, construida con ladrillos y techo de chapa, quedó completamente destruida.

Debido al estado en el que fue hallado el cuerpo, gravemente afectado por el incendio, no fue posible realizar una identificación visual directa y su identidad fue acreditada a partir de las declaraciones de quienes estaban en la vivienda, el testimonio de su pareja y los primeros relevamientos de la Policía y del Gabinete de Criminalística. Los testimonios coincidieron en que había permanecido dentro de la casa cuando comenzó el ataque.

El informe preliminar de la autopsia, realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, determinó que la víctima recibió un disparo de frente hacia uno de los laterales del cuello, efectuado a muy corta distancia. En el cuerpo se encontraron múltiples perdigones y parte del taco contenedor del cartucho, elementos que permitieron establecer que la muerte fue prácticamente inmediata. La investigación deberá determinar el calibre y las características del arma utilizada, así como establecer si se trató de una escopeta o de un arma de fabricación casera.

Entre las evidencias mencionadas se encuentran las declaraciones de las dos personas que escaparon de la vivienda, el testimonio de la pareja de la víctima y el relato de un vecino que escuchó una detonación y observó, poco después, la casa envuelta en llamas. También se incorporaron las actuaciones de los policías que llegaron tras dos llamados de emergencia, los relevamientos del Gabinete de Criminalística y los elementos hallados en el inmueble.

Asimismo, se presentó un informe de la Oficina de Atención a la Víctima, que permitió conocer el estado de temor y conmoción de las personas afectadas. Según relataron, las amenazas y agresiones entre las familias se habrían reiterado durante los últimos años.

Durante la jornada de hoy continuarán las inspecciones, la recolección de elementos y la elaboración del informe de Bomberos, destinado a establecer cómo se inició y propagó el incendio.

El defensor penal público Horacio Briges Doyhenard se opuso a la formulación de cargos al considerar que la acusación no individualizó la conducta atribuida a cada imputado. Realizó objeciones a la calificación al sostener que el conflicto previo entre vecinos no demuestra por sí solo un acuerdo anticipado para cometer el homicidio y remarcó que no existen testigos directos del disparo ni del inicio del fuego.

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, junto con el daño por incendio. Excluyó de la misma el encubrimiento agravado.

Los tres imputados brindaron su versión de lo sucedido, a pesar del consejo técnico del defensor penal público.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres imputados por cuatro meses, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento y la necesidad de proteger a las víctimas y testigos. La defensa se opuso y propuso como alternativas la fijación de otros domicilios, la prohibición de ingresar al barrio Michi Michi, restricciones de acercamiento y presentaciones periódicas.

En el tramo final de la audiencia, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido fiscal e impuso la prisión preventiva de los tres acusados por cuatro meses. Todos ellos quedaron a disposición del Servicio Penitenciario provincial que determinará el lugar de alojamiento de los mismos.