Cristina Fernández de Kirchner profundizó su estrategia internacional contra la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos y presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una comunicación individual en la que cuestiona el proceso judicial en su contra.

La ex presidenta sostuvo que la sanción de inhabilitación constituye una forma de “proscripción” y afirmó que representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”, al considerar que decisiones judiciales terminan afectando la voluntad popular.

En su presentación, Kirchner denunció supuestas “arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso” y cuestionó lo que definió como la presencia de “machismo estructural” en sectores del sistema de justicia argentino.

El planteo fue presentado por su equipo de abogados ante el organismo internacional con sede en Ginebra y sostiene que el proceso judicial vulneró garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para esta etapa del reclamo, la defensa encabezada por el abogado Carlos Beraldi incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales”, afirmó la ex mandataria.

Además, Kirchner volvió a referirse al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y sostuvo que ese episodio evidenció la gravedad de la violencia política.

En paralelo, la Justicia argentina mantiene firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 por administración fraudulenta en la denominada “Causa Vialidad”. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, que también dejó firme el decomiso de bienes por $684.990 millones dispuesto en el expediente.

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar la admisibilidad de la presentación. En caso de avanzar el trámite, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir sus recomendaciones, que no tienen carácter ejecutorio directo sobre las decisiones de los tribunales nacionales.