La Ley 27.801 establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años. El abogado Diego Quiroz explicó sus principales alcances en diálogo con LU19.
A partir del 5 de septiembre de 2026 comenzará a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801. La normativa reemplaza a la Ley 22.278 y establece un sistema específico para adolescentes que sean imputados por delitos.
El abogado Diego Quiroz explicó los principales cambios en diálogo con LU19, entre ellos la reducción de la edad a partir de la cual una persona adolescente puede quedar alcanzada por el régimen penal.
La edad de imputabilidad baja a los 14 años
La nueva normativa se aplica a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.
De esta manera, el nuevo régimen reemplaza el esquema establecido por la legislación anterior y crea un sistema específico de responsabilidad penal juvenil.
No habrá prisión perpetua
La Ley 27.801 establece que los adolescentes no podrán recibir prisión ni reclusión perpetua. El máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años, incluso cuando exista concurso real de varios delitos.
La legislación también establece que las penas deben estar orientadas a la educación, resocialización e integración social del adolescente.
Medidas alternativas al encierro
El nuevo régimen contempla distintas sanciones y medidas que pueden aplicarse en lugar de la prisión, entre ellas la amonestación, la prohibición de acercamiento o contacto, programas educativos, capacitación laboral, actividades deportivas o culturales y otras medidas de acompañamiento.
La privación de la libertad queda regulada bajo modalidades específicas, que incluyen el arresto domiciliario y el alojamiento en institutos especializados de detención.
Además, los adolescentes detenidos no deben tener contacto con personas privadas de su libertad mayores de edad mientras permanezcan bajo el régimen juvenil.
Un sistema especializado
La normativa dispone que la intervención judicial deberá contar con operadores especializados y garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y la protección de los derechos de las víctimas.
También establece que el proceso penal juvenil debe tener carácter reservado y prohíbe la difusión de datos que permitan identificar al adolescente imputado, salvo las excepciones previstas por la propia ley.
