La iniciativa propone endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina, crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer nuevas herramientas frente a amenazas externas.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que establece un nuevo régimen para proteger los recursos naturales y reforzar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.
La iniciativa propone modificar la legislación vigente en materia de defensa y seguridad e incorpora medidas vinculadas con la protección de los espacios aéreo y marítimo, la actividad de empresas extranjeras y la prevención de acciones destinadas a interferir en procesos políticos y electorales.
Sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los principales puntos del proyecto es el reemplazo de la actual Ley 26.659, ampliando las prohibiciones sobre la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina.
La propuesta ya no se limitaría a los hidrocarburos, sino que abarcaría el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.
Las sanciones también podrían alcanzar a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
Restricciones para empresas sancionadas
Las empresas alcanzadas por las sanciones podrían quedar impedidas de desarrollar actividades económicas en Argentina. También se contempla la revocación de habilitaciones, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales y la rescisión de contratos.
Además, se crearía un registro público de infractores, mientras que el Estado y los particulares tendrían prohibido contratar con las personas o empresas incluidas.
El proyecto también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva normativa.
Un Consejo de Seguridad Nacional
La iniciativa propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendría como función coordinar estratégicamente las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Nuevas reglas para el espacio aéreo y marítimo
El proyecto establece procedimientos para actuar ante aeronaves consideradas hostiles. La respuesta contemplaría distintas etapas, desde la identificación y advertencia hasta la demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza.
Esta última medida requeriría una orden expresa del Presidente, con posibilidad de delegación en el ministro de Defensa.
Para los buques se prevén medidas progresivas como persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento sería considerado excepcional y requeriría autorización presidencial. Además, estaría prohibido utilizarlo como sanción contra un buque civil o simplemente para impedir su fuga.
Medidas frente a amenazas extranjeras
El Consejo de Seguridad Nacional podría disponer medidas urgentes ante amenazas consideradas graves e inminentes para la seguridad nacional.
Entre las herramientas previstas figuran restricciones a determinadas operaciones cambiarias y financieras, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones o contrataciones, restricciones a las importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros.
Según el proyecto, estas medidas deberán estar fundamentadas, contar con un plazo determinado y finalizar cuando desaparezcan las circunstancias que las motivaron.
Nuevos delitos vinculados con la influencia extranjera
La iniciativa también establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas políticas. Se prohibirían aportes provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras.
Además, se incorporan nuevos delitos relacionados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia.
También se propone sancionar acciones financiadas o realizadas por cuenta de actores extranjeros destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Incorporación del RePET
Por último, el proyecto incorpora a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La propuesta contempla la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar determinadas operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
El proyecto deberá ahora comenzar su tratamiento en el Congreso de la Nación, donde será analizado por las comisiones correspondientes antes de avanzar en el proceso legislativo.
