La Legislatura rionegrina aprobó este jueves por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS). La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck reemplaza la afiliación obligatoria por un sistema que permite a los agentes públicos activos y pasivos elegir otra cobertura para sí mismos y su grupo familiar primario.

Uno de los puntos centrales de la reforma –que no fue respaldada por los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro- es el destino del dinero que se descuenta de los haberes. El 100% del aporte personal —4% para trabajadores activos y 5,5% para pasivos— se transferirá a la entidad receptora. Si esa cobertura exige una cuota superior al monto derivado, la diferencia quedará a cargo del afiliado.

La contribución patronal del 7%, en cambio, seguirá ingresando íntegramente al IPROSS. El proyecto la asigna a planes oncológicos y especiales, prestaciones vinculadas con discapacidad y prótesis, y cobertura de farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

La posibilidad de cambiar de cobertura no alcanzará a quienes ejerzan cargos electivos o de designación política, ni a las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales. En el caso de jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo previsional nacional, la derivación de aportes dependerá de la firma de un convenio con ese organismo.

La reforma prevé además que, si la entidad elegida deja de brindar cobertura por una causa ajena al afiliado, este se reincorpore automáticamente al IPROSS y sin carencias. Los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones al concretarse el cambio.

Escudero: “Libertad para el afiliado”

Como miembro informante, Andrea Escudero (JSRN) defendió la iniciativa y rechazó que implique una privatización o vaciamiento del Instituto.

“El proyecto no obliga a nadie a irse del IPROSS”, remarcó. Según explicó, el objetivo es terminar con la condición de “afiliados cautivos” que durante años cuestionaron numerosos empleados públicos y permitir que cada trabajador decida si permanece o no en la obra social provincial.

Escudero reivindicó además las mejoras que, según indicó, experimentó el Instituto en los últimos años: nuevos convenios con centros de alta complejidad, digitalización de trámites, ampliación de prestaciones odontológicas, cobertura de prótesis, medicamentos, discapacidad y tratamientos oncológicos.

Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento. Quien opte por otra cobertura podrá derivar su aporte personal del 4%, mientras que la contribución patronal del 7% permanecerá dentro del sistema. Para Escudero, precisamente ese mecanismo permitirá preservar el carácter solidario y evitar el desfinanciamiento.

La legisladora sintetizó la reforma en tres objetivos: “libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores”.

Picotti: libertad sí, pero “sin restricciones”

Gabriela Picotti coincidió con el principio de libre elección, aunque cuestionó duramente las condiciones establecidas. “Libertad es libertad verdadera, sin restricciones”, sostuvo.

Picotti puso el foco en que el trabajador solamente podrá disponer de su 4% y deberá afrontar de su bolsillo cualquier diferencia para contratar otra cobertura.

También cuestionó las prestaciones actuales del IPROSS y mencionó demoras en prótesis, medicamentos y turnos, además del cobro de adicionales por parte de algunos profesionales.

“Si realmente estuviese dando respuesta a los pedidos del afiliado, yo creo que ninguno de los trabajadores públicos decidiría o pediría irse de la obra social”, planteó.

Lacour: “Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”

Martina Lacour también respaldó el principio de libre elección, pero objetó el mecanismo. Recordó que había presentado iniciativas en ese sentido anteriormente y cuestionó que el 7% patronal permanezca en el IPROSS aunque el Instituto deje de brindar cobertura al trabajador y su familia.

“Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”, resumió.

Lacour llegó a calificar el esquema como “prácticamente una estafa a los empleados” y pidió que la iniciativa fuera votada en general y en particular para poder acompañar el concepto de libre elección y rechazar los artículos con los que no coincidía.

Pica defendió que el 7% permanezca en el sistema

Lucas Pica (JSRN) desarrolló uno de los principales fundamentos jurídicos del oficialismo. Sostuvo que el 4% personal integra el salario del trabajador, mientras que la contribución patronal del 7% tiene otra naturaleza jurídica y constituye una obligación directa del empleador destinada a financiar un sistema solidario.

Por eso rechazó que exista un derecho individual del trabajador a llevarse también ese 7% cuando abandona el IPROSS.

Para Pica, el sentido de la reforma puede resumirse en una pregunta directa al afiliado, sin intermediarios políticos ni sindicales: “¿Usted se quiere ir o usted se quiere quedar?”.

Mansilla acompañó

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) anticipó su acompañamiento y recordó que desde Primero Río Negro ya había impulsado iniciativas de libre elección.

Consideró que mantener el 7% patronal dentro del Instituto permitirá sostener el sistema y financiar las prestaciones de mayor complejidad, entre ellas oncología y discapacidad.

También destacó que la salida no será irreversible, ya que el afiliado tendrá la posibilidad de solicitar su regreso luego de los 36 meses establecidos.

Matzen: “Hay que escuchar a los trabajadores”

Lorena Matzen (UCR) también respaldó la iniciativa y sostuvo que la libertad de elección constituye un reclamo histórico.

Citó una encuesta realizada por SITRAJUR entre 215 trabajadores judiciales: 57 manifestaron que optarían por una cobertura privada, 55 que permanecerían en el IPROSS y 85 condicionaron la decisión al costo y las prestaciones disponibles.

“Escuchar a los trabajadores implica también actuar en consecuencia”, afirmó Matzen antes de confirmar el acompañamiento de su bloque.

Acevedo acompañó, pero advirtió sobre la “selección adversa”

Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) anunció su voto favorable, aunque planteó una serie de resguardos que, a su entender, deberían haberse incorporado.

Advirtió sobre el riesgo de “selección adversa”: que quienes tengan mayores incentivos para abandonar el IPROSS sean afiliados jóvenes, sanos y con mejores salarios, mientras permanezcan aquellos que requieren mayores prestaciones.

Propuso crear un Fondo de Estabilización Prestacional, con garantía del Tesoro provincial, destinado a compensar eventuales caídas de ingresos.

Entre las alternativas para financiarlo mencionó una retención solidaria del 15% sobre el aporte de quien abandone el Instituto, un canon para la entidad receptora, una cuota de reingreso y aportes provenientes de eventuales superávits.

También propuso establecer una ventana anual para ejercer la opción, con una primera apertura a los 180 días, para que el IPROSS pueda prever presupuestariamente las salidas. “Esta propuesta no contradice el proyecto, lo completa”, sostuvo.

García: “Un proyecto para la tribuna libertaria”

Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) adelantó el rechazo de su bloque y consideró que la discusión debería insertarse en un debate mucho más amplio sobre el sistema de salud.

Calificó la iniciativa como un proyecto “para la tribuna libertaria” y vinculó los problemas financieros del IPROSS con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales y el incremento de los costos de medicamentos y prestaciones.

También cuestionó que los jubilados efectivamente puedan optar por PAMI. Según García, debido al convenio de transferencia del sistema previsional provincial sería necesario un acuerdo específico con el organismo nacional.