El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, confirmó en diálogo con LU19 los tres ejes del plan impulsado por el gobierno de Alberto Weretilneck. La medida busca aliviar el endeudamiento de los empleados públicos y evitar que las cuotas comprometan la totalidad de sus salarios.

El Gobierno de Río Negro avanza con un plan para reducir el sobreendeudamiento de los empleados públicos provinciales, mediante límites a los descuentos salariales, acuerdos de renegociación con entidades acreedoras y un nuevo sistema de control para autorizar futuros préstamos.

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, confirmó en diálogo con LU19 que la iniciativa tendrá tres ejes centrales. El primero será la restitución de un tope para las retenciones sobre los haberes; el segundo, la firma de convenios con mutuales, sindicatos y entidades financieras para renegociar montos y plazos de las deudas; y el tercero, la creación de un centro de autorización de endeudamiento.

Según anticipó el funcionario, el decreto que establecerá los límites a los descuentos se formalizaría durante esta semana, con la expectativa de que comience a aplicarse sobre los salarios de noviembre. Sin embargo, todavía no se definió el porcentaje máximo de retención.

Qué porcentaje del sueldo podrán descontar

Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo provincial figuran un límite del 30% al 33% de los haberes y otra posibilidad que contempla un tope máximo del 50%, con un esquema progresivo de reducción.

La discusión se da en un contexto de fuerte endeudamiento de los trabajadores estatales, que en algunos casos sufren descuentos que reducen drásticamente sus ingresos e incluso dejan sus salarios netos en cero.

La iniciativa retoma el antecedente del decreto provincial 1485, de 2018, que había establecido un límite del 50% para las retenciones. Sin embargo, esa norma nunca llegó a implementarse y fue derogada en 2020 mediante el decreto 1186.

El problema alcanza a una parte importante de la administración pública. El año pasado, el Ministerio de Hacienda informó a la Legislatura que casi 19.000 agentes del Poder Ejecutivo tenían descuentos a favor de 14 entidades autorizadas. La cifra representa aproximadamente un tercio del personal estatal provincial.

Renegociación de deudas con mutuales, sindicatos y financieras

El segundo componente del plan apunta a que las entidades acreedoras acepten revisar las condiciones de los créditos otorgados a los trabajadores públicos.

Durante las últimas semanas, Sánchez mantuvo reuniones con representantes de mutuales, sindicatos y entidades financieras que cuentan con códigos de descuento. Este mecanismo permite que las cuotas de los préstamos se cobren directamente de las liquidaciones salariales.

La propuesta del Gobierno es avanzar con convenios que permitan renegociar los montos adeudados y extender los plazos de pago, con pautas generales acordadas con las organizaciones.

Las negociaciones, no obstante, serían individuales y voluntarias para cada empleado público. La expectativa oficial es formalizar las convocatorias y firmar los acuerdos durante octubre.

Uno de los factores que podría facilitar el entendimiento es la preocupación de las propias entidades por los niveles de morosidad. En determinados casos, la acumulación de descuentos autorizados hace que los ingresos de los trabajadores no alcancen para cubrir todas las cuotas comprometidas.

Además, la Provincia cuenta con una herramienta para impulsar la adhesión al plan: podría suspender los códigos de descuento para nuevas operaciones a las entidades que rechacen revisar las condiciones de endeudamiento.

Crearán un centro para autorizar nuevos préstamos

El tercer eje será la puesta en marcha de un centro de autorización de endeudamiento, que tendrá la función de intervenir en las consultas por nuevas operaciones crediticias.

El organismo deberá verificar los compromisos financieros de cada agente antes de habilitar nuevos préstamos, con el objetivo de evitar que los descuentos superen su capacidad de pago.

La intención es establecer un mecanismo de control que permita conocer cuánto del salario está comprometido antes de autorizar nuevas obligaciones financieras.

La falta de un sistema de estas características había sido uno de los argumentos utilizados por la Provincia en 2020 para derogar el decreto que fijaba el tope del 50% para las retenciones.

Ahora, el Gobierno busca avanzar con un nuevo esquema de regulación y estima que el centro de autorización podría comenzar a funcionar antes de que finalice el año.

La preocupación del Gobierno por el endeudamiento estatal

El gobernador Alberto Weretilneck ya había manifestado su preocupación por el nivel de endeudamiento de los empleados públicos a fines de agosto, durante una actividad en Bariloche, cuando anticipó que se preparaban medidas específicas para atender la situación.

Con este plan, la Provincia busca limitar el impacto de las retenciones sobre los ingresos de los trabajadores y, al mismo tiempo, establecer controles para evitar que vuelvan a acumular obligaciones financieras por encima de sus posibilidades de pago.

Por el momento, quedan por definirse aspectos centrales de la implementación, como el porcentaje definitivo de descuento permitido y las condiciones concretas que se establecerán en los convenios con las entidades acreedoras.