A días del recambio parlamentario, el oficialismo se prepara para un escenario adverso en el Senado, donde podría rechazarse el pliego de la legisladora electa Lorena Villaverde, integrante de La Libertad Avanza.
La oposición impulsa que la rionegrina no pueda asumir su banca, en medio de cuestionamientos sobre antecedentes judiciales en Estados Unidos que se le atribuyen y que aún no fueron aclarados formalmente por la Justicia argentina.
Este miércoles, la Cámara alta tratará los pliegos de todos los legisladores electos en los comicios nacionales. Sin embargo, el peronismo incluyó en el temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales la impugnación contra Villaverde, lo que abre la puerta a que su jura sea bloqueada antes de la sesión preparatoria.
Fuentes parlamentarias señalan que, aunque un sector del oficialismo exploró alternativas para sostenerla, otra parte del bloque ya da por descontado un resultado desfavorable y no impulsará maniobras para revertirlo. La controversia se instaló meses atrás, cuando trascendió públicamente que la dirigente habría estado involucrada hace dos décadas en un caso de narcomenudeo en Florida, Estados Unidos, según documentos que diferentes actores políticos dijeron haber consultado.
En plena campaña, la propia Villaverde salió a responder en redes sociales: difundió videos sometiéndose a pruebas toxicológicas para desmentir las acusaciones. “Me han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más (…) hay que transparentar quién es uno”, expresó antes de realizar un test en una clínica de Río Negro. Luego exhibió los resultados, donde afirmó que el análisis dio negativo para cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos y éxtasis.
Si finalmente el Senado rechaza su incorporación, la banca quedará para el primer suplente de la lista, Enzo Fullone, quien actualmente trabaja en la delegación rionegrina de Vialidad Nacional y pertenece al entorno político de Villaverde.
Mientras tanto, en paralelo avanza la discusión por la implementación de Ficha Limpia, impulsada desde distintos bloques opositores, que busca impedir el acceso a cargos electivos a personas con antecedentes penales firmes. En el oficialismo admiten que esta iniciativa podría sumar presión en la votación del miércoles.