La Cancillería de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusara a la inteligencia rusa de haber participado en una grabación ilegal dentro de la Casa Rosada. El Ministerio de Exteriores calificó esas declaraciones como “infundadas” y “sin pruebas”.

Según el comunicado oficial, Moscú recordó la vigencia del Tratado de asistencia legal recíproca en materia penal entre ambos países y subrayó que las acusaciones de Bullrich “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad” entre Argentina y Rusia. Además, expresó que espera una explicación detallada de la parte argentina “lo antes posible”.

El Ministerio ruso lamentó que “Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo” y advirtió que este tipo de declaraciones no favorecen al vínculo bilateral. Desde el Kremlin remarcaron que la Argentina tiene canales formales para canalizar denuncias y que las declaraciones públicas de Bullrich generan un “ruido innecesario” en la relación.

En paralelo, medios rusos recordaron que la ministra había denunciado ante Radio Rivadavia a personas vinculadas a exagentes de inteligencia de Moscú por la filtración de audios de Karina Milei. Aunque ese material era inocuo, otra grabación atribuida a un exfuncionario argentino mencionaba presuntos sobornos ligados a contratos con farmacéuticas, lo que sumó mayor polémica al escenario político y diplomático.