El gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en una profunda reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó mayores potestades, en medio de denuncias y preocupación de la oposición por el creciente empoderamiento de los servicios de inteligencia en un Estado que, advierten, adopta rasgos cada vez más policíacos.
La medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todos los integrantes de su Gabinete. A través de esta norma, el Ejecutivo introduce cambios estructurales en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, modificando la organización, funciones y conducción del sistema.
En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la reforma busca eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer controles internos y mejorar la articulación entre organismos frente a nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas. La decisión de avanzar por decreto fue justificada en la necesidad de actuar con rapidez, sin esperar el trámite legislativo ordinario.
Carácter encubierto y ampliación de facultades
Uno de los aspectos más controvertidos del DNU es que establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter “encubierto”, una definición que generó sorpresa entre especialistas, ya que durante gestiones anteriores se utilizaba el término “secreto”.
Además, ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos de contrainteligencia, y la SIDE podrá exigir información a todas las agencias del Estado. Los agentes del organismo también quedan habilitados a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad que estaba expresamente vedada por la ley vigente.
La norma también autoriza a la SIDE a requerir asistencia técnica o logística de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, un punto que despertó fuertes críticas por romper consensos establecidos tras el retorno de la democracia.
“Es la creación de una policía secreta, ya no se trata de un organismo de inteligencia”, denunció el diputado nacional (mc) Leopoldo Moreau, expresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.
Nuevas estructuras y centralización del sistema
El DNU crea la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito permanente que integrará a organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad, bajo la conducción de la SIDE, con el objetivo de centralizar la producción de inteligencia estratégica.
En paralelo, se establece la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos civiles que aportarán información relevante sin realizar tareas de inteligencia.
Otro cambio clave es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como autoridad nacional en la materia, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, enfocada exclusivamente en inteligencia digital.
En materia de contrainteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, con funciones centradas en la detección de amenazas como espionaje, sabotaje o injerencia extranjera.
Inteligencia militar y controles internos
El decreto también ordena la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, transfiriendo sus funciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para evitar superposiciones.
En cuanto a los controles internos, la actual División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditar recursos, evaluar la eficacia operativa e investigar irregularidades.
La reforma refuerza además el poder de conducción de la SIDE, que concentrará la aprobación de presupuestos, el control de gastos reservados y la designación de autoridades.
Tal como establece la legislación vigente, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez. Mientras tanto, el Gobierno avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001.
