La Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a cargo de Santiago Bausili, se negó a brindar información sobre el paradero y manejo de las reservas de oro enviadas al exterior. Según el organismo, el ente monetario “entorpeció” la labor de la AGN y no permitió acceder a la documentación necesaria para auditar las operaciones, generando incertidumbre sobre la ubicación de los lingotes y el destino de los bonos BOPREAL.

El conflicto se remonta al 2 de septiembre de 2024, cuando el BCRA comunicó haber completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, asegurando que la AGN contaba con la información para realizar sus informes. Sin embargo, un año después, la máxima autoridad de control denuncia que la entidad no permitió acceder a datos sobre costos de traslado, rendimiento ni ubicación de los lingotes, limitando la auditoría a visualizar la información desde sus computadoras sin posibilidad de registrar o copiar documentación.

Fuentes oficiales de la AGN advirtieron que persiste la incertidumbre sobre si el oro se encuentra en Suiza, Londres o si parte fue liquidada. La negativa del BCRA abre la posibilidad de medidas que podrían incluir la citación de Santiago Bausili ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso o la presentación de acciones judiciales por incumplimiento de la normativa vigente.

La situación genera un debate sobre la transparencia y el control de las reservas nacionales. La AGN destacó que, aunque el BCRA argumenta confidencialidad, el organismo está acostumbrado a manejar información sensible y confidencial, como ocurrió con las vacunas contra el Covid-19, y que el acceso restringido impide cumplir con la función de auditoría exigida por la Constitución y las leyes nacionales.

Actualmente se desconoce la ubicación física de los lingotes, si alguna parte fue convertida a dinero líquido y cuál fue el rendimiento de las operaciones. La AGN, órgano de control constitucional dependiente del Congreso, podría elevar el caso al ámbito judicial si la falta de información persiste, mientras el BCRA mantiene su postura de confidencialidad sobre la administración de las reservas de oro y los bonos asociados.