Activistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves frente al Congreso de la Nación Argentina mientras realizaban una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares, que comenzó a debatirse desde las 11 de la mañana en el Senado.
La intervención se desarrolló sobre las escalinatas del Palacio Legislativo, donde los ambientalistas —vestidos con traje, corbata y camisa, en alusión a los legisladores— se sentaron sobre inodoros que llevaban la inscripción “Ley de Glaciares” y desplegaron un cartel con la frase: “Senadores, no se caguen en el agua”.
En un video difundido en redes sociales, expresaron: “Estamos en la puerta del Congreso junto a activistas exigiendo a los senadores que no entreguen el agua de la Argentina y que voten a favor de los glaciares. La Ley de Glaciares no se toca. Junto a 200.000 personas de todo el país vamos a estar resistiendo hasta que salvemos la ley”.
Desde la organización señalaron que se trató de una “acción de resistencia pacífica” destinada a “visibilizar la gravedad de la reforma para la seguridad hídrica del país”.
Qué cambia con la reforma
La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe actividades extractivas en glaciares y zonas periglaciares, al considerarlas reservas estratégicas de agua dulce.
El oficialismo cuenta con el número justo para avanzar con la reforma, siempre que acompañen algunos senadores del peronismo cordillerano. El proyecto propone redefinir el alcance de las áreas protegidas, diferenciando el área periglaciar de aquellas “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedaría protegido, sino únicamente aquellas formaciones con función hídrica comprobable.
El Gobierno busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, habilitando proyectos internacionales.
De aprobarse la reforma, la determinación sobre la relevancia hídrica quedaría en manos de las provincias, que tendrían mayor poder para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar emprendimientos.
