La Justicia imputó a siete personas por una cirugía estética realizada sin autorización en el hospital de Villa Regina. El cirujano es señalado como autor y el resto del equipo médico como partícipes en una presunta defraudación a la administración pública.

La causa conocida como “Quirófano VIP” dio finalmente un paso clave este miércoles con la audiencia de formulación de cargos contra siete imputados por la realización de una cirugía estética sin autorización en el hospital de Villa Regina. La instancia judicial se concretó luego de dos intentos fallidos y el juez de garantías Gastón Pierroni resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía.

El caso investiga una intervención quirúrgica realizada el 12 de enero de 2025, cuando el cirujano Fernando Martínez practicó una dermolipectomía estética —liposucción— a su esposa en el único quirófano del hospital. La operación se extendió durante siete u ocho horas y la paciente permaneció internada durante 24 horas.

Además del cirujano y su esposa, fueron imputados una médica que actuó como ayudante, un anestesiólogo y tres enfermeras. Según la acusación, todos habrían participado en distintos grados en el uso indebido de instalaciones, equipamiento, insumos y personal del sistema público de salud. El delito atribuido es defraudación a la administración pública, junto con la figura de peculado de servicio.

La audiencia se realizó de manera semipresencial y la acusación estuvo a cargo de la fiscal Vanesa Cascallares junto al adjunto Rodrigo Vazzana. La defensa oficial fue ejercida por Julieta Soler y Leonardo Ballester, mientras que la querella contó con la participación del abogado Federico Rosbaco. Por su parte, la defensa particular estuvo representada por Guillermo Carricavur.

Según la fiscalía, la práctica “fue realizada al margen del sistema regular de atención hospitalaria, sin orden médica registrada y sin habilitación administrativa”, lo que implicó un uso indebido de recursos públicos en beneficio de una persona determinada. En este sentido, se sostiene que la paciente —esposa del cirujano— consintió la intervención en esas condiciones y acordó previamente la utilización de los recursos estatales.

Entre las pruebas presentadas se incluyeron la denuncia penal realizada por la dirección del hospital junto a la Fiscalía de Estado, documentación administrativa remitida al Ministerio de Salud, registros del quirófano y de guardia, la historia clínica de la paciente, el protocolo del servicio y entrevistas a personal del nosocomio. También se incorporó una nota del Colegio Médico local.

El caso tomó estado público tras la denuncia de trabajadores del área de quirófano, en un contexto de escasez de recursos en el sistema sanitario, lo que generó un fuerte impacto tanto a nivel institucional como en la comunidad. Con la formulación de cargos, la causa ingresa ahora en una nueva etapa del proceso judicial.