La Justicia de Roca dispuso que la mujer continúe el proceso en libertad, pero bajo estrictas medidas de control. La Fiscalía analiza documentación secuestrada que incluiría títulos, sellos y recetarios presuntamente falsos.

La causa por el presunto ejercicio ilegal de la medicina en el Alto Valle sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la jueza de Garantías Natalia González resolviera otorgar la libertad a la mujer investigada, aunque bajo un riguroso esquema de control judicial.

La decisión se conoció tras una audiencia realizada en los Tribunales de Roca, donde se debatieron las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación contra Mariela Fernanda Marzano, acusada de haber ejercido como médica utilizando documentación presuntamente falsa.

Si bien la magistrada remarcó que rige el principio de presunción de inocencia y que en esta etapa “no hay certezas” sobre los hechos, consideró acreditado el riesgo de fuga. Para sostener esa postura, tuvo en cuenta que la imputada cuenta con medios económicos, pasaporte vigente y la posibilidad concreta de salir del país, además de tratarse de una investigación en pleno desarrollo.

En ese contexto, la jueza dispuso que la mujer continúe en libertad, pero con condiciones estrictas: deberá utilizar una tobillera electrónica con monitoreo GPS, tiene prohibido salir de la Argentina, deberá presentarse periódicamente ante la Unidad 67, informar cualquier cambio de domicilio y quedó alcanzada por una inhibición general de bienes. Estas medidas regirán, en principio, hasta el 18 de octubre de 2026.

Durante la audiencia, la fiscal Celeste Benatti —junto a la fiscal adjunta Duca— detalló que la investigación abarca el período comprendido entre 2020 y 2026. Según la acusación, la mujer habría ejercido la medicina en instituciones públicas y privadas utilizando títulos atribuidos a la Universidad de Los Andes, en Venezuela, y una supuesta revalidación de la Universidad Nacional del Comahue, ambos documentos bajo sospecha de falsedad.

En función de estos elementos, la Fiscalía analiza posibles delitos como usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documento público y uso de documento falso. Además, no se descarta una línea vinculada a una eventual defraudación contra la administración pública.

Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Miguel Ceballos, no se opuso a la excarcelación, aunque cuestionó la imposición de la tobillera electrónica y la inhibición de bienes. Argumentó que la imputada tiene arraigo en la región, domicilio fijo, familia y una hija, por lo que consideró que las medidas resultan excesivas.

Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo y sostuvo que, dadas las características del caso y el estado inicial de la investigación, las restricciones impuestas no son desproporcionadas ni implican un perjuicio irrazonable.

Mientras tanto, la causa sigue en etapa preliminar y la Fiscalía continúa analizando la documentación secuestrada en los allanamientos, en busca de determinar el alcance de las presuntas irregularidades.