Mediante un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, Tomás Alejandro Sosa fue declarado penalmente responsable por 14 hechos de estafa cometidos mediante la modalidad de “skimming”, que consiste en clonar datos de tarjetas bancarias en cajeros electrónicos utilizando artefactos de fabricación casera.

La audiencia fue realizada ayer y el fiscal del caso Juan Narváez junto a la asistente letrada Agustina Jara, presentaron el acuerdo que prevé la responsabilidad penal por el delito de defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito, en calidad de coautor y en concurso real por 4 hechos consumados y 10 hechos en grado de tentativa (artículos 173 inciso decimoquinto, 45 y 42 del Código Penal).

La teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal y que Sosa reconoció haber cometido es que el imputado, que es oriundo de otra provincia, arribó a la ciudad de Neuquén trayendo consigo varias tarjetas (plásticos) en cuya banda magnética previamente se habían clonado los datos de otras tarjetas de débito, a través de la modalidad de “skimming”.

Con ese stock de tarjetas clonadas, Sosa se dirigió a varios cajeros automáticos pertenecientes al Banco Provincia de Neuquén, todos ellos ubicados en la capital neuquina. Allí desplegó su maniobra delictiva con el objetivo de transferir dinero que le pertenecía a los titulares de esas cuentas, en favor de terceras personas.

De esta forma, Tomás Alejandro Sosa defraudó el patrimonio de cuatro personas e intentó defraudar económicamente a otras diez personas. Todas las maniobras fueron realizadas el 22 de febrero de 2024 y el perjuicio económico total fue de $2.874.600.

Tras escuchar a las partes, el juez Juan Pablo Encina que estuvo a cargo de la audiencia, homologó el acuerdo presentado por las partes y declaró la responsabilidad penal del imputado por los 14 hechos descriptos.

En los próximos días, la Oficina Judicial deberá fijar una audiencia en la que se va a debatir la pena que le corresponde cumplir al ahora condenado.

Sosa fue detenido en Comodoro Rivadavia y trasladado a la provincia de Neuquén, luego de un trabajo de investigación conjunto entre el MPF, la policía provincial, representantes de las oficinas de fraude de las entidades bancarias afectadas y la policía de Chubut. En la audiencia de formulación de cargos se le fijó prisión preventiva y como el plazo de la medida se encuentra vigente no fue modificada.