Se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Como representante de la justicia federal de todo el país, de la que ya recibió un fuerte aval, destacó la necesidad de fijar políticas de Estado para el Poder Judicial, como así también mejorar la modernización de la justicia. Resaltó la necesidad de trabajar con los otros poderes del Estado.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo, se presentó hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su postulación a la Corte Suprema, y compartió su visión sobre el estado de la Justicia y sus propuestas para el máximo tribunal. El magistrado es uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para ocupar una vacante en la cabeza del Poder Judicial.

El juez llegó acompañado por su madre y su hijo y empezó, minutos después de las 10, una presentación personal, en la que detalló sus antecedentes, que se remontan a más de treinta años trabajando en el Poder Judicial. En el principio de su exposición destacó que la función de los magistrados no se agota en intervenir en los casos que le tocan, ya que hay según su perspectiva otras dimensiones a abordar, entre ellas, establecer políticas judiciales que irradien a todos los integrantes del Poder Judicial.

“Para eso es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país y de las justicias provinciales, algo que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales interactué con los diferentes actores que tienen a su cargo resolver los fenómenos criminales de cada región y las personas que los padecen”, explicó Ariel Lijo. En ese sentido, destacó la importancia de respetar la autonomía de las provincias, de las economías regionales y los recursos naturales.

“Es saber que atrás de cada decisión hay una realidad que no se puede volcar en los papeles. Son, centralmente, las experiencias humanas. Por eso deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro y hacia afuera”, manifestó, a la vez que subrayó que el Máximo Tribunal ya viene haciendo este trabajo en varios aspectos, entre ellos, el plan de Políticas de Estado para el Poder Judicial, presentado en 2007.

“Los casos no se terminan en los papeles que los jueces tienen en su escritorio. Detrás de los casos de criminalidad organizada hay consecuencias que las personas siguen sufriendo y de las cuales también el Poder Judicial debe ocuparse, ya sea con acciones directas formando a sus integrantes como hace permanentemente la UEJN, o bien, coordinando acciones concretas con el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, así como emprendiendo acciones en conjunto con el Parlamento para soluciones integrales”, consideró.

Ariel Lijo remarcó la cuestión del acceso a la justicia. “La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten.”, aseveró. Y al describir esta problemática mencionó como factores clave la barrera cultural y social -personas que no se animan a presentarse en Tribunales o no saben cómo acudir a la justicia, a donde denunciar ni cómo hacerlo- y, también, que los diseños administrativos son complejos y a veces las personas cometen errores en ese proceso de admisión por no conocerlos. “Debe existir sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de un conflicto”, propuso.

“La Corte debe enfocarse en garantizar el derecho a la Justicia, debe esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuesta a los problemas que tienen las personas En el acceso a la justicia hay una barrera cultural y social: personas que no se animan a presentarse en Tribunales; personas que no saben cómo acudir a la justicia, a dónde denunciar, cómo hacerlo. También puede mencionarse la autoexclusión, aquellos que consideran “¿para qué voy a ir si no me van a solucionar nada?”, consideró.

Además, Lijo destacó que “la Corte Suprema debe tener una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones”, y en este punto remarca la creación de la Oficina de Violencia Doméstica. “Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles”.

El candidato propuesto por el Poder Ejecutivo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Justicia de la UBA y profesor de Derecho Constitucional. Inició su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación como meritorio en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 y luego se incorporó como Auxiliar Administrativo en la Defensoría Oficial Criminal y Correccional N° 1.

Luego de pasar por diversos cargos, fue nombrado Secretario en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, luego Prosecretario de Cámara en la Sala I y posteriormente Secretario de esa Sala. En el año 2004 fue designado por concurso para ser Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, función que desempeña hasta el día de hoy.

Al frente de dicho tribunal, se especializó en crimen organizado y la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, y gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales, según la descripción que fue descripta a los senadores que acudieron a la sesión de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

En su presentación, Lijo afirmó: “Le quiero agradecer al Presidente (Javier Milei) por proponerme. Es un gran honor para mí como abogado y como integrante del Poder Judicial. Le quiero agradecer al Honorable Senado de la Nación y a esta Comisión de Acuerdos por recibirme, es una enorme responsabilidad personal e institucional. Los parlamentos son la gran conquista de los procesos constitucionales y el Senado no solamente representa a las provincias en el debate de ideas y en la toma de decisiones del parlamento, sino que también tiene la representación de las provincias, lo que le otorga un valor adicional en cuanto al federalismo que está representado muy especialmente en esta cámara”.

“Es la segunda oportunidad que tengo el privilegio de ser recibido por esta Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación. La primera vez fue en el año 2004, en este mismo salón, cuando fui propuesto para el cargo de juez federal en lo Criminal y Correccional de la Capital, que actualmente ocupo”, recordó.