El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a tres hombres y dos adolescentes por su presunta participación en el homicidio de Julián Tomás Dobra de la Canal, ocurrido en General Roca. A todos se les dictó prisión preventiva por cuatro meses: los adultos en unidades del Servicio Penitenciario y los menores en modalidad domiciliaria con custodia policial, hasta contar con tobilleras electrónicas.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre el 17 de abril y el 3 de mayo, y los imputados habrían colaborado con el autor aún no identificado que disparó un arma calibre .22, provocando la muerte de Dobra. El cuerpo fue hallado a principios de mayo en las bardas roquenses, con marcas de arrastre y dos disparos en la cabeza. La investigación también confirmó que el vehículo del joven fue hallado días después, incendiado en cercanías de la Ruta Provincial 6.

La fiscalía sostiene que tras el crimen, los imputados intentaron ocultar el hecho: descartaron el arma, escondieron evidencia en distintas viviendas y quemaron el auto de la víctima. La calificación legal es de homicidio simple agravado por el uso de arma, y en el caso de los mayores, también por la participación de menores en el delito.

Durante la audiencia se detallaron los elementos reunidos desde la denuncia por desaparición realizada por la madre de Julián el 21 de abril. Se sumaron testimonios, análisis de teléfonos secuestrados, el resultado preliminar de la autopsia, y objetos incautados en múltiples allanamientos, como un arma calibre .22 y prendas con sangre.

Entre las pruebas figuran también testimonios que vinculan a la víctima con los acusados, rastros de calzado, y registros telefónicos que revelan un corte abrupto de contacto entre Julián y uno de los imputados desde el 18 de abril. En la casa de uno de los adolescentes se halló una campera con manchas hemáticas y una moto posiblemente vinculada al hecho.

Las defensas objetaron la formulación de cargos, señalando que la acusación no especifica con claridad el rol de cada imputado y cuestionaron la falta de pruebas directas. A pesar de eso, el juez de garantías dio por formulados los cargos y aceptó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.

Por tratarse de un caso que involucra a personas menores de edad, el juez dispuso un sistema de publicidad morigerada para proteger su identidad. Se prohibió difundir sus nombres, imágenes o datos filiatorios, bajo apercibimiento de desobediencia judicial. La medida alcanza a todos los medios y redes sociales.

📰 Leé la información completa en el sitio del Ministerio Público Fiscal:
👉 Enlace a la nota original