El tribunal penal del Vaticano condenó este sábado al ex «número tres» del Vaticano a cinco años y medio de prisión por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.

Se trata del cardenal Angelo Becciu, de 75 años, quien fue juzgado junto a otras nueve personas.

Es el funcionario de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal, que imparte la justicia civil de la Ciudad-estado.

Becciu, exasesor del papa Francisco, también fue multado con 8.000 euros, informó la agencia de noticias AFP.

La fiscalía vaticana había solicitado una sentencia de siete años y tres meses de prisión contra el obispo, así como una multa de más de 10.000 euros.

«Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación», dijo Fabio Vignone, abogado del obispo.

En el centro del caso está la compra, por 350 millones de euros, de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018, en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable.

Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano.

Desde su llegada a la Santa Sede, en 2013, Francisco ha intentado corregir ese rumbo; también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no solo en instancias religiosas.

El fiscal, Alessandro Diddi, había pedido penas de cárcel que van desde casi cuatro años hasta más de 13, además de sanciones financieras, contra los diez acusados que comparecían por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión.

El cardenal Becciu, exnúmero dos de la Secretaría de Estado, principal órgano del Gobierno central de la Santa Sede, conserva su título, pero fue destituido de todas sus funciones en septiembre de 2020.

Nacido en Cerdeña, Becciu siempre aseguró que es inocente y que víctima de un «linchamiento mediático». Sus abogados pidieron su absolución.

Por su parte, la Santa Sede invitó al tribunal a «castigar todos los delitos», indicó el Secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, que consideró la Secretaría de Estado como «la parte agraviada».