La Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó este lunes al exvicepresidente Jorge Glas a 13 años de cárcel y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. La sentencia se dictó en el marco del caso “Reconstrucción”, que investigó el uso indebido de fondos públicos destinados a obras en dos provincias gravemente afectadas por el terremoto de 2016. El fallo también ordenó el pago de 250 millones de dólares por daños materiales e inmateriales.

Según la jueza Mercedes Caicedo, los recursos recaudados a través de impuestos y contribuciones ciudadanas fueron dirigidos a construcciones “inservibles e innecesarias”, con absoluto desprecio por la Ley de Solidaridad y, especialmente, por las víctimas del sismo que causó cerca de 700 muertes. La investigación reveló que muchas de las obras ya estaban proyectadas antes del desastre y no respondían a las necesidades reales de la emergencia.

Jorge Glas ya se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad, cumpliendo penas previas de seis y ocho años por otros casos de corrupción. En uno de ellos también fue condenado el expresidente Rafael Correa, actualmente prófugo en Bélgica. La sentencia de este lunes se suma así a un historial judicial que ubica a Glas como uno de los principales implicados en el desvío de fondos públicos en los últimos años.

El fallo incluyó además la pérdida de los derechos de participación política por 25 años, así como una multa personal de 28.800 dólares. Junto a Glas fue condenado también Carlos Bernal, exsecretario del comité encargado de las tareas de reconstrucción, con quien deberá responder solidariamente por el monto total de los perjuicios causados al Estado.

Durante el juicio, la Fiscalía General argumentó que los responsables priorizaron obras fuera del marco legal vigente y sin el aval completo del comité de reconstrucción. La defensa de Glas, encabezada por el abogado Andrés Villegas, rechazó las acusaciones y sostuvo que no existió lucro ni beneficio personal, pero sus planteos fueron desestimados por el tribunal.

Este nuevo capítulo judicial pone nuevamente bajo la lupa el manejo de fondos en contextos de emergencia y catástrofe, así como la necesidad de una administración transparente. La causa generó un fuerte impacto político e institucional en Ecuador, por tratarse de recursos surgidos del esfuerzo solidario de la ciudadanía en uno de los momentos más críticos del país.