Luego del plazo legal de 48 horas, la jueza Carina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos que impulsó la unidad fiscal de Delitos Económicos para imponer las primeras condenas por las estafas con planes sociales.

Por otra parte, la magistrada rechazó el procedimiento abreviado que presentaron el fiscal del caso Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli respecto de otras tres personas acusadas por lo que en esos casos, el trámite continuará su curso hacia el juicio. En principio, la fiscalía no impugnará la resolución.

Además, la jueza rechazó un pedido de sobreseimiento de la defensa de A.O.K, otro de los imputados en la investigación.

Las cinco condenas son por 3 años de prisión condicional, reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados, comprende a ex empleados del ministerio de Desarrollo Social y particulares que cumplieron niveles de baja responsabilidad en la maniobra. Los acuerdos fueron por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal).

Las personas condenadas hoy son Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gisel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea. Aceptaron haber integrado la asociación ilícita con tareas de menor relevancia, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza. Sólo uno de estos imputados desplegó otro tipo de conducta, al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.